Impuesto partidario empuja a médicos a la informalidad y agrava crisis de salud en Nicaragua

Médicos nicaragüenses denunciaron un “triple impacto” contra el personal de salud debido a las deducciones partidarias obligatorias impuestas a empleados públicos, advirtiendo que esta medida podría provocar una fuga de especialistas e incluso empujar a trabajadores hacia la informalidad.

Las denuncias, brindadas a 100% Noticias por médicos dentro y fuera del país, se suman a una creciente ola de reclamos en el sector público. Coinciden en que el impacto no solo es económico, sino también emocional y estructural para el sistema de salud.

Según el análisis, la medida genera tres impactos principales: pérdida del poder adquisitivo, afectación emocional por la incertidumbre laboral y una creciente desesperanza ante la falta de mejoras salariales.

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De acuerdo con los especialistas, la medida afecta a todo el personal sanitario, pero golpea con mayor fuerza a quienes tienen menores ingresos, como auxiliares, camilleros o personal de limpieza, cuyos salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica, que hasta diciembre de 2025 superaba los 568 dólares, mientras el salario mínimo más bajo rondaba los 5,950 córdobas, equivalente a casi 162 dólares.

Para el doctor Rommel Meléndez, la situación agrava la ya precaria condición salarial y ejemplificó cómo impactan las deducciones en distintos cargos del sistema de salud:

“Por ejemplo un despachador de farmacia gana 6000 y le quitan 240, a un laboratorista le quitaron 600 córdobas gana 12 mil. A una responsable de farmacia que no es licenciada y gana 8000 le quitaron 400 córdobas. A los especialistas el 10% de su salario”, indicó Meléndez.

Meléndez también conoció, de parte del personal médico en Nicaragua, que el descontento es generalizado, ya que con esta nueva medida les han deducido desde 200 hasta 2000 córdobas. Incluso, señaló que existe inconformidad entre los mismos partidarios sandinistas, pero que, por miedo a represalias —como despidos o encarcelamiento—, evitan denunciar públicamente. Según explicó, en lo interno la medida es calificada como injusta, incluso por miembros de FETSALUD, quienes consideran que solo “sus dirigentes se enriquecen”. Además, advirtió que “se agravaría el problema salarial porque les estarían robando una parte del dinero destinado para la alimentación y gastos básicos de la casa, ya que lo retenido por el gobierno pasa para el partido sandinista, equivale en muchos casos a los pagos básicos de agua, energía y teléfono, o su equivalente a un tercio o más de los gastos de alimentación de la familia, arrebatándoles ese dinero sin poder reclamar porque sobre los trabajadores de la salud pende la orden partidaria de despido o cárcel en caso de no querer aceptar dicha cuota exigida”. Por su parte, el médico José Antonio Delgado señaló que el impacto va más allá del bolsillo y representa un retroceso histórico para el gremio. “No es algo que hoy tenían el salario y están perdiendo poder adquisitivo por el dinero que tienen que dar. Están perdiendo una lucha gremial que costó al gremio médico 10 meses de huelga. en dos períodos presidenciales, 4 meses consecutivas con Alemán y 6 meses consecutivas con Bolaños”. El especialista recordó que esas huelgas permitieron mejoras salariales que hoy están en riesgo, en un contexto donde el costo de vida continúa en aumento y el poder adquisitivo sigue deteriorándose.

“Hay un impacto emocional que no se tome en cuenta porque es inconsciente, es decir, un trabajador de la salud que entró a laborar en el 2006 no tiene la menor idea de lo que pasaron en el gobierno de Bolaño y de Alemán, pero los que sí estaban en esa huelga saben que costó llegar a este salario y que se puede perder ese poder adquisitivo”, dijo.

Médicos advierten fuga hacia la informalidad y debilitamiento del sistema

Delgado advirtió que estas condiciones podrían derivar en una fuga del sistema público. Citó el ejemplo de un camillero con un salario de doce mil córdobas y con responsabilidades familiares, que podría verse obligado a abandonar el sistema ante la presión económica.

Explicó que trabajadores podrían optar por abandonar sus puestos para dedicarse a actividades informales o abrir pequeños negocios que les generen mayores ingresos y estabilidad.

“Y eso no va a pasar solamente con el camillero, eso puede pasar con la enfermera, puede pasar con el médico incluso, o sea, los médicos tienen más ventajas porque un médico especialista, incluso un médico general, a que le llaman general que no tiene especialidad, puede optar por poner su consultorio en el barrio”.

“Puede haber una fuga de trabajadores de la salud que va a debilitar más la escasez de trabajadores que hay actualmente”, agregó.

Incluso, médicos podrían migrar al sector privado o establecer consultorios independientes. “Un médico puede poner su consultorio en el barrio… y puede ganar más que en un hospital público”, explicó, señalando que esta alternativa resulta más atractiva frente a las condiciones actuales.

“Si un médico especialista, por ejemplo, ginecólogo, que haga una cesárea al mes puede ganar con solo la cesárea $1000. Claro, el otro problema es también que no tenemos un país que gane mucho la gente”.

El especialista también advirtió que este fenómeno no se limitaría a médicos, sino que podría extenderse a todo el personal de salud, profundizando la crisis en un sistema ya debilitado.

“Puede haber fuga de los trabajadores de las instituciones de salud de Nicaragua buscando una mejor oportunidad porque una persona que pone una fritanga y le va bien o pone una venta de productos básicos puede que ganen el doble de lo que está ganando en el hospital, entonces esa brecha es muy posible que se abra porque además es más cómodo que yo tenga que renunciar, me den lo que me tengan que dar y con ese dinero compro tres quintales de arroz, de frijoles, cinco latas de aceite unos cuantos productos más y pongo una ventecita en el porche de mi casa. Y eso me puede generar más ingresos con más comodidad, con menos presión, con más tranquilidad, sin hacer turno”, dijo.

Las denuncias reflejan una preocupación creciente en el gremio, que considera que estas medidas no solo afectan sus condiciones de vida, sino que también ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario en Nicaragua.