Ministerio del Interior cancela 12 ONG en Nicaragua por “disolución voluntaria”

El Ministerio del Interior de Nicaragua aprobó la cancelación de la personalidad jurídica y el registro de 12 organizaciones sin fines de lucro, bajo el argumento de una “disolución voluntaria”, según el Acuerdo Ministerial No. 06-2026-OSFL publicado en La Gaceta, Diario Oficial. 

La medida, firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch, ordena la cancelación de las organizaciones que, de acuerdo con el documento, solicitaron su disolución por falta de recursos económicos o decisión de sus miembros.

El acuerdo establece que la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro debe proceder a cancelar la personalidad jurídica de estas asociaciones, así como su respectivo registro, conforme a las facultades otorgadas por la legislación vigente. 

Entre las organizaciones afectadas figuran entidades de carácter internacional, religioso, médico y comunitario, como Project Concern International, Asociación Promoviendo Cambios para una Vida Nueva, Evangelical Free Church of Canada, Sociedad Médica y Dental Cristiana y la Fundación de Emprendedores Socioeconómicos de Occidente.

También se incluyen Fundación Holcim Nicaragua, Asociación Unión de Campesinos Organizados de Cuenca de San Dionisio, Svalorna Latinoamérica, Fundación Busca el Cordero, Mission 14 Inc. y The David/Jonathan Project, ampliando el alcance de la medida a distintos sectores.

“Disolución voluntaria”

Según el documento oficial, las organizaciones solicitaron su disolución voluntaria mediante actas de asamblea y acuerdos internos, principalmente por falta de recursos financieros para continuar sus operaciones en Nicaragua.

El Ministerio del Interior sostiene que la cancelación se realiza conforme a la Ley de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que le otorga facultades para autorizar, regular, supervisar y cancelar la personalidad jurídica de estas entidades.

Asimismo, el acuerdo instruye a las autoridades correspondientes a proceder con la liquidación de bienes y activos de las organizaciones, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa nacional.

Alertan cierre del espacio cívico

El abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca más, Yader Valdivia advirtió que esta decisión se enmarca en un proceso sostenido de reducción del espacio cívico en el país.

“En nuestro monitoreo actualmente contabilizamos 5663 organizaciones canceladas, es decir, que al menos de los registros que se conocen públicamente en Nicaragua estarán quedando solamente 1500 asociaciones constituidas en Nicaragua”, afirmó.

Valdivia explicó que esta tendencia refleja una limitación progresiva del derecho de asociación. “Que nos encontramos en un contexto total del cierre del espacio cívico y que hoy hayan cancelado otra organizaciones lo que nos dice es que van a seguir cerrando este derecho de asociación en Nicaragua y lo van a seguir vulnerando”, señaló.

El defensor también vinculó estas acciones con el contexto político reciente. “el régimen está actuando también como una forma de respuesta ante las sanciones que se le aplicó al viceministro Cañas”, indicó, al tiempo que sostuvo que estas medidas “comprueban que estas sanciones son bien aplicadas”.

Asimismo, advirtió sobre el amplio impacto de estas cancelaciones. “No puede ser que un país de más de 7000 asociaciones hoy estén quedando con al menos 1500 asociaciones en el país”, expresó.

Valdivia subrayó que el alcance de estas medidas afecta múltiples sectores. “Estamos hablando de que el alcance de esto es en todos los sentidos, religioso, deportivo, con fines sociales, médicas, universitarias. En todos los fines el régimen está acabando con el espacio cívico del país”, afirmó.

Hizo un llamado a la comunidad internacional. “nosotros desde el colectivo alertamos a la comunidad internacional y a otros países que también defienden los derechos humanos a que estas acciones puedan tomarse como una situación grave que atenta contra este derecho de poder asociarse en Nicaragua”, dijo.

El abogado también advirtió sobre las consecuencias sociales de estas decisiones. “esto afecta también a las personas que recibían ese servicio médico, esa formación religiosa o apoyos humanitarios… hoy quedan totalmente descubiertas”, concluyó, señalando que el cierre de organizaciones deja a beneficiarios en una situación de mayor vulnerabilidad.