"Arbitrario", califican robo de salario a trabajadores del estado para el FSLN

Las denuncias de trabajadores del Estado de Nicaragua sobre deducciones partidarias obligatorias en sus salarios han generado reacciones entre defensores de derechos humanos y actores políticos, quienes cuestionan la legalidad y el impacto de estas medidas en la ya deteriorada economía de los empleados públicos en Nicaragua.

El abogado y defensor de derechos humanos Salvador Lulio Marenco calificó las deducciones como un acto grave y sistemático.

“El robo del salario a los trabajadores del Estado no solo es arbitrario, sino también cínico, puesto que con este robo posiblemente se siga financiando la represión del régimen Daniel Ortega y de Rosario Murillo”, expresó a 100 % Noticias el director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Marenco advirtió además sobre el uso histórico de recursos públicos para sostener estructuras represivas.

“No podemos olvidar los informes del gremio mencionaban que a través de las municipalidades y el erario público se financiaba la represión a agentes estatales, paraestatales y principalmente también a la represión fuera de Nicaragua”.

En su análisis, el defensor también vinculó estas prácticas con un patrón de confiscación sostenida.

“El robo y las confiscaciones han sido utilizadas de manera constante para que Daniel Ortega y Rosario Murillo reprima al pueblo, es decir, le quitan al pueblo su propio dinero para reprimir al propio pueblo. Pero es que además recordemos algo, la economía de Nicaragua es una economía sumamente golpeada, el peor salario mínimo de toda la región, con una población empobrecida, pero que además este empobrecimiento es solapado por la represión”.

Asimismo, señaló que el contexto migratorio también ha sido aprovechado por el régimen.

“Casualmente a raíz del mayor desplazamiento forzado en nuestra historia del mayor éxodo, el régimen lo ha capitalizado ya que las remesas representan el 30% del PIB. Es decir, el régimen, a través de haber obligado al exilio ha hecho que las personas en el exilio sigan financiando o manteniendo en buena parte la economía de Nicaragua”.

Sobre el impacto directo en los trabajadores, Marenco fue enfático:
“La pobreza es una realidad en Nicaragua y quitarle, seguirle quitando a la gente que gana el salario mínimo, que gana menos de la canasta básica, es un acto criminal por parte del régimen Daniel Ortega y de Rosario Murillo, pero sobre todo es mayormente criminal cuando esa plata se usa posiblemente para la corrupción, para el enriquecimiento ilícito de la pareja dictatorial y de su allegado y principalmente para financiar la represión”.

El abogado también alertó sobre el debilitamiento de las garantías laborales en el país.

“No podemos dejar de mencionar que Nicaragua rompió relaciones con la OIT, la Organización Internaicional del Trabajo y por ende además los estándares de protección al trabajador han disminuido en el país quedando a total merced y voluntad de la pareja dictatorial”.

Meten la mano a salario del trabajador para financiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional

Por su parte, el activista político Enrique Martínez consideró que estas deducciones evidencian un control cada vez más directo sobre los empleados públicos.

“Esto no es una política, es un abuso de la dictadura sandinista: le mete la mano al salario de los trabajadores del Estado para financiarse. No les basta con usarlos para llenar marchas y montar propaganda; ahora también los obliga a pagar el costo de ese aparato. Al empleado público lo han reducido a instrumento: lo movilizan, lo exhiben y ahora lo exprimen”.

Martínez también señaló implicaciones más profundas en términos de poder y coerción.

“Cuando el salario deja de ser tuyo y pasa a estar al servicio de una organización terrorista, ilegítima y narcotraficante, queda claro el nivel de control y desesperación de la dictadura sandinista. No es lealtad, es coerción. No es aporte, es confiscación. No es compromiso, es miedo. Además demuestran que están pasando una crisis en materia económica para sostener su estructura mafiosa”.

En esa misma línea, agregó: “Le quitan a la gente para sostener la represión y disfrazar sus abusos. Así opera la dictadura sandinista: sacrifica a sus propios trabajadores para mantenerse en el poder. Eso no es Estado, es un sistema que sobrevive robándole a su propia gente demostrando que el FSLN solo es leal al crimen, la represión y violencia de la mano de la cúpula y cómplices en el país”.

El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro también reaccionó a las denuncias, enfocándose en el impacto institucional.

“Ciertamente no abona a la inversión, porque se violan derechos laborales. En un contexto más amplio es reflejo claro de una dictadura que es capaz de todo, inclusive robarle a los servidores públicos. Se sienten que son sus siervos a quienes les pueden imponer tributos como señores feudales”.

Las reacciones coinciden en señalar que las deducciones no solo afectan la economía de los trabajadores estatales, sino que reflejan un deterioro más amplio de las garantías laborales y del uso de los recursos públicos en Nicaragua.