Murillo habla de “derechos” mientras persiste crisis y despojo de ciudadanía en Nicaragua

Rosario Murillo volvió a colocar el discurso oficial en una narrativa de “derechos y dignidad” que contrasta con las denuncias sostenidas de organismos internacionales sobre la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua. En su alocución de este mediodía en medios oficialistas, la codictadora aseguró que todos los nicaragüenses deben “sentirse dignos”, pese a que su propio régimen ha sido señalado por restringir libertades fundamentales y despojar de derechos a cientos de ciudadanos.

Murillo afirmó que en el país se avanza con “paz, dignidad y derechos”, una declaración que choca con los informes de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha documentado una crisis sostenida durante los últimos ocho años, marcada por represión, persecución política y cierre de espacios cívicos.

En su discurso, Murillo insistió en una visión idealizada del país:
“Nuestros derechos, el derecho a vivir tranquilos, seguros, trabajando y prosperando libres de la miseria, del odio (…) como pueblo cristiano”, expresó.

Sin embargo, la retórica oficial omite que el régimen ha sido acusado de limitar derechos esenciales como la libertad de expresión, de prensa, religiosa, así como el derecho a la organización y movilización. A esto se suma el despojo de la nacionalidad a más de 450 nicaragüenses, muchos de los cuales han quedado en condición de apatridia, además de cientos que viven una apatridia de facto.

Murillo también reiteró que “debemos hacer mejor entre todos por el bien de todos, con derechos”, insistiendo en conceptos como seguridad, trabajo y prosperidad, en un discurso que contrasta con el contexto de exilio masivo y persecución a voces críticas.

En otro momento, aseguró que en Nicaragua no existen ciudadanos de distintas categorías:
“El derecho a ser ciudadanos de primera clase, porque no hay de primera, de segunda o de última…”, dijo.

No obstante, organizaciones de derechos humanos han denunciado la creación de una práctica sistemática de exclusión, donde ciudadanos en general son apartados si no tienen aval partidario del FSLN. Sumado a la exclusión de opositores, periodistas y defensores son tratados como ciudadanos sin garantías.

La codictadora también calificó como “otro derecho” la excarcelación de al menos dos mil reos comunes prevista para el 30 de mayo, Día de las Madres nicaragüenses, una medida que el oficialismo presenta como gesto humanitario, pero que suele ser cuestionada por su uso político.

Finalmente, anunció la conmemoración del 4 de mayo, denominado por el régimen como “Día de la Dignidad Sandinista”, en el que —según dijo— se ratificará que el país es “pueblo digno, luchador y vencedor”.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad documentada por organismos internacionales vuelve a poner en evidencia una narrativa gubernamental que insiste en hablar de derechos mientras enfrenta señalamientos por su sistemática vulneración.