CIDH: Ocho años después, Nicaragua sigue bajo represión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que, a ocho años de las protestas de abril de 2018, Nicaragua continúa bajo un patrón de represión sistemática, con detenciones arbitrarias, persecución política y graves violaciones a los derechos humanos
A ocho años del estallido social de abril de 2018, Nicaragua continúa sumida en una crisis de derechos humanos marcada por la represión sistemática, según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que urge al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a poner fin a estas prácticas.
El organismo internacional demandó la liberación “inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas arbitrariamente o encarceladas por motivos políticos, así como el cese de la impunidad que, según denuncia, persiste en el país.
“La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo”, señala el reporte oficial de la CIDH.
El informe también advierte que “persisten diversos patrones de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y persecución política y religiosa, perpetradas incluso más allá de las fronteras; así como restricciones y afectaciones a garantías y libertades fundamentales, y violaciones bajo custodia estatal en condiciones inhumanas y degradantes”.
A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH continúa recibiendo denuncias sobre detenciones arbitrarias contra personas percibidas como opositoras. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 46 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, en condiciones contrarias a la dignidad humana.
El organismo subrayó además la existencia de prácticas sistemáticas como torturas, violencia sexual, muertes bajo custodia estatal y condiciones de detención degradantes, dirigidas principalmente contra opositores y defensores de derechos humanos.
Adicionalmente, se han documentado casos de desapariciones forzadas y se han señalado los impactos diferenciados que enfrentan mujeres, personas mayores, personas con enfermedades graves, pueblos indígenas y liderazgos comunitarios.
En cuanto a las excarcelaciones anunciadas por el Estado nicaragüense, la CIDH advirtió que estas no representan una restitución plena de la libertad. Las personas liberadas continúan bajo vigilancia permanente, restricciones de movilidad y control estatal, lo que afecta su vida familiar, laboral y su proyecto de vida.
Según el informe, estas prácticas profundizan el miedo generalizado en la población y provocan un subregistro de denuncias debido al temor a represalias.
A esto se suman las constantes violaciones al debido proceso y la falta de garantías judiciales, en un contexto de impunidad frente a los crímenes cometidos desde abril de 2018, cuando al menos 355 personas fueron asesinadas entre el 18 de abril y el 31 de julio de ese año.
El informe también alerta sobre restricciones a la libertad religiosa, incluyendo la prohibición de celebraciones en espacios públicos, la vigilancia de ceremonias y la criminalización de expresiones de fe.
En un país con el espacio cívico severamente limitado, la persecución se extiende a periodistas, defensores de derechos humanos, artistas y cualquier persona considerada opositora, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
La CIDH denunció además que esta represión trasciende fronteras, con reportes de vigilancia, hostigamiento, amenazas e incluso asesinatos contra nicaragüenses en el extranjero. También alertó sobre el uso indebido de mecanismos internacionales, como alertas rojas de INTERPOL y solicitudes de extradición con fines políticos.
En la Costa Caribe, pueblos indígenas y afrodescendientes continúan enfrentando invasiones de colonos, expansión de actividades extractivas y violencia en sus territorios ancestrales, lo que ha provocado desplazamientos forzados bajo la tolerancia del Estado.
Frente a este panorama, la CIDH reiteró su llamado urgente al Estado de Nicaragua para que cese todas las violaciones a los derechos humanos, libere a los presos políticos y restablezca las condiciones democráticas en el país.
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