Empresas mineras sancionadas controlan más de 700 mil hectáreas en Nicaragua, dice ambientalista

Las siete empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, concentran una enorme porción del territorio nicaragüense concesionado para minería en Nicaragua, según el ambientalista Amaru Ruiz.

“Las 7 empresas sancionadas acumulaban más de 700 mil hectáreas, de más de un millón, que ya habían sido entregadas”, indicó Ruiz, director de Fundación del Río, en 100% Noticias.

Entre las empresas sancionadas se encuentra Zhong Fu y Santa Rita Mining, que el Departamento del Tesoro acusa de ocupar una planta de la empresa BHMB Mining Nicaragua.

“En 2025, representantes de empresas vinculadas a la dictadura de Murillo-Ortega ocuparon arbitrariamente una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua SA (BHMB), una empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión extranjera de una compañía estadounidense”, se lee en el documento publicado en el Departamento del Tesoro.

Añaden que “BHMB no ha recibido ninguna compensación por la incautación de su propiedad, y el Gobierno de Nicaragua revocó formalmente su licencia de operación hace poco tiempo”, según explicaron.

Para el ambientalista, el impacto económico inmediato de estas sanciones no es menor, ya que golpea directamente operaciones que movían decenas de millones de dólares en exportaciones recientes.

Ruiz calcula de forma preliminar un impacto de más de 40 millones de dólares en esas operaciones mineras vinculadas a los chinos y a la familia Ortega Murillo.

“Thomas Metal, eso implica en términos de concesiones, 288 mil hectáreas en 17 lotes. También Xinxin, eso implica 180 mil hectáreas en 13 lotes; Zhong Fu, 204 000 hectáreas en 10 lotes; y Santa Rita, 3300 hectáreas”, contabiliza Ruiz.

Ruiz advierte que, más allá de las cifras, el golpe apunta a una estructura que ha sido clave para el control económico del régimen sandinista.

En ese contexto, el especialista también anticipa posibles maniobras para intentar evadir el impacto de las sanciones mediante cambios en las estructuras empresariales.

“Las empresas que tenían esos lotes van a tratar de cambiar de alguna manera su nombre o las razones sociales”, explica Amaru.

Al detallar el impacto económico, Ruiz pone cifras concretas sobre la mesa, subrayando que al menos dos de las empresas sancionadas movían montos significativos en el mercado internacional.

“De diciembre 2024 a noviembre 2025, Xin Xin exportó unos 30.59 millones de dólares y Santa Rita Mining 9.47 millones de dólares. Solo a esas dos empresas las sanciones les afectaría unos 40 millones de dólares que producen en esos períodos”, calculó Ruiz.

Sobre el papel de ciertas empresas dentro del esquema, Ruiz también señala vínculos con figuras cercanas al poder y hechos de violencia en territorios indígenas.

Entre ellas señaló a la Exportadora de Metales Sociedad Anónima, EMSA, representada por Edward Irías Pastora, hijo del fallecido Edén Pastora.

“El hijo de Pastora le sirve al régimen como testaferro. EMSA operaba en la zona del Caribe nicaragüense en territorios indígenas de Indio Maíz y están involucrados en la masacre del Cerro Kiwakumbai, en el 2021”, denunció Amaru.

“La empresa, EMSA, está involucrada en esa masacre. Los colonos necesitaban expulsar a los mineros locales, mataron al menos a 11 indígenas, para que el resto huyera del lugar horrorizado”, señaló.

El Departamento del Tesoro estadounidense acusa a EMSA de auspiciar la represión del régimen.

“EMSA ha recolectado oro sin refinar en seis lugares diferentes de Nicaragua para fundirlo en su sede en Managua. Las ganancias de la venta del oro se han transferido electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua, que posiblemente se haya utilizado para equipar, entrenar y pagar los salarios de los grupos paramilitares nicaragüenses subordinados al gobierno”, se lee en la designación.

Para Ruiz, el alcance de las sanciones apenas comienza y aún podrían ampliarse conforme avance la investigación internacional.

“Es un golpe también a la estructura legal y operativa. El Grupo Minero Xiloa SA (Minero), es otra empresa testaferra. Todavía les faltó una empresa por sancionar, pero seguramente están recopilando más información”, dijo Ruiz.

En cuanto a los mecanismos financieros utilizados, también se señalan prácticas que habrían permitido legitimar fondos a través del sistema internacional.

“Grupo Minero Xiloa SA (Minero)...compra oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta a través de una red de empresas nicaragüenses aliadas, utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos. Estos recursos se utilizan posteriormente para financiar las operaciones represivas del régimen y mantener la maquinaria política que garantiza su control del poder”, se lee en la designación.

Abogados sancionados por EEUU

Otro elemento que Ruiz considera relevante es la inclusión de abogados en las sanciones, algo que califica como inusual dentro de este tipo de medidas.

Hay un impacto en los abogados que operativizan y legalizan la actividad del oro en el país. Lo que a Ruiz le parece “novedoso”.

“Allí va un ciudadano chino y los operadores nicaragüenses”, indica.

El entrevistado se refiere a Nelson Francisco Sobalvarro, apoderado legal de COMINTSA y el reconocido abogado Lester Matus Tamariz, del bufete de abogados Blue Owl Attorneys and Counselors, a quien Fundación del Río identifica como la firma clave en la gestión legal de las empresas extractivas chinas que operan en el país.

Matus Tamariz es exmiembro del Ejército Popular Sandinista. Su nombre y el de su equipo, aparecen en La Gaceta, diario oficial, como representante de las mineras sancionadas.

“A partir de estas sanciones yo creo que van a tener cuidado los abogados que se metan a eso, reduce significativamente quien querrá llevar un proceso de concesión”.

El impacto también se extiende al ámbito ambiental, particularmente en zonas protegidas que han sido objeto de explotación minera:

“Thomas Metal (otra de las empresas sancionadas), es una de las empresas que tiene concesiones dentro de Indio Maíz, era un objetivo específico para nosotros, Indio maíz ha sido un símbolo de lucha ambiental, es la concesión que generó tensiones con Costa Rica porque se estaba comprando oro que procede de los cerros Crucitas y Conchuditas en esa concesión”, detalló.

Además, Ruiz interpreta la inclusión de los hijos de la pareja gobernante como una señal política clara por parte de Washington.

“Si incluyen a los hijos de Ortega -Edmundo y Maurice- pues el Departamento del Tesoro tiene más información de la que nosotros conocemos. Estados Unidos manda un mensaje público de cómo el régimen controla o está controlando el sector minero industrial”, reflexiona el analista.

También advierte que esto podría generar preocupación entre inversionistas extranjeros que aún operan en el país.

“Eso debe ser una alerta para los otros capitales que no están seguros en el país. Ya sea por el propio régimen o porque los puede eh salpicar el vínculo que tengan con el régimen y con las inversiones que tienen en Nicaragua”, comenta.

Sobre los movimientos recientes del régimen, menciona intentos por proyectar estabilidad ante inversionistas internacionales.

A finales de marzo 2026, Laureano Ortega, hijo de los dictadores y asesor de inversiones, recibió altos representantes de la empresa minera canadiense Equinox Gold. Según reportaban medios oficialistas, llegaron al país para revisar el estado de sus operaciones y sus planes de ampliación.

“Las visitas fueron aprovechadas por el régimen para tratar de vender un escenario de que todo está bien con esas inversiones. Sin embargo, estos mismos capitales, estas empresas ya habían informado en sus informes de accionistas que la situación en el sector se había desvirtuado, es decir, habían varios riesgos a sus inversiones…Y además habíamos visto cómo habían perdido concesiones”, alerta Amaru.

Finalmente, advierte que el escenario podría volverse aún más complejo para las empresas que intenten mantener relaciones comerciales con actores sancionados.

“Con estas nuevas sanciones al sector, hay un escenario de preocupación para viejos concesionarios que quieren mantener el mercado de exportación hacia Estados Unidos e inclusive hacia Canadá, puede existir riesgo en sus procesos de comercialización”, advierte Ruiz.

Y concluye señalando que, pese a las sanciones, el régimen continuaba impulsando nuevas concesiones mineras, incluso en zonas ambientalmente sensibles.

“No sé qué va a pasar si las van a sacar ahorita o las van a sacar después, o si ya no las van a publicar, pero hay tres razones sociales que tienen cuatro concesiones mineras, una de ellas eh estamos esperando que salga y está adjudicada dentro de la Reserva Biológica Indio Maiz”, concluyó.