Régimen en Nicaragua usa femicidio de nicaragüense en Costa Rica para “lavada de cara”, advierte defensor

El femicidio de la joven nicaragüense Junieysis Merlo Espinoza, ocurrido en Costa Rica, ha desatado fuertes críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalado de utilizar el caso con fines políticos para proyectar una imagen de preocupación que, según organizaciones, no se corresponde con su actuación real frente a la violencia de género.

Juan Carlos Arce, del colectivo Nicaragua Nunca Más, denunció que la reacción oficial responde a una estrategia oportunista. Aunque expresó solidaridad con la familia de la víctima y respaldó la demanda de justicia, cuestionó el trasfondo del discurso gubernamental. “Esta demanda es claramente oportunista y un intento de lavada de cara a nivel internacional por parte del régimen”, afirmó. 

Arce subrayó que el comportamiento del régimen contrasta con su historial en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la protección de las mujeres. Señaló que las autoridades han sido responsables de desmantelar mecanismos clave de atención y prevención de la violencia de género. “Ha sido el responsable de cancelar la personalidad jurídica de decenas, centenares de organizaciones de mujeres que acompañaban a víctimas”, denunció. 

El activista también vinculó esta situación con el fenómeno migratorio, asegurando que el desplazamiento masivo de nicaragüenses ha expuesto a miles de mujeres a condiciones de vulnerabilidad en el exterior. “Es el responsable del mayor desplazamiento humano de nuestra historia, forzando al exilio a centenares de miles de mujeres”, sostuvo. 

Según los datos citados por Arce, entre 2018 y 2025 se han registrado al menos 567 femicidios de nicaragüenses, muchos de los cuales permanecen en la impunidad. Además, destacó que en el periodo reciente decenas de mujeres han sido asesinadas fuera del país, principalmente en Costa Rica, lo que evidencia que la violencia de género trasciende fronteras. 

En ese contexto, criticó la falta de políticas públicas efectivas por parte del Estado nicaragüense. A su juicio, no existe un compromiso institucional real para enfrentar esta problemática. “Lo que existe es un régimen criminal que intenta aprovecharse del contexto y plantear una narrativa que nada tiene que ver con la realidad”, afirmó. 

Arce también recordó que el Estado de Nicaragua ha sido condenado por instancias internacionales por casos de violencia de género, como el femicidio de Dina Alexandra Carrión. Sin embargo, denunció que el régimen ha incumplido las medidas ordenadas y ha evitado cooperar con organismos internacionales. 

Asimismo, señaló la negativa de las autoridades a colaborar en investigaciones tanto dentro como fuera del país, lo que refuerza un patrón de impunidad. “El régimen mantiene una conducta absolutamente de no colaboración frente a este tipo de demandas de justicia”, advirtió. 

El caso de Junieysis Merlo, cuyo cuerpo fue hallado enterrado tras varios días de desaparición, provocó conmoción en Nicaragua y Costa Rica. No obstante, la cobertura oficialista y el despliegue mediático del traslado de sus restos han sido interpretados por analistas como un intento de capitalizar políticamente la tragedia. 

Para el colectivo Nicaragua Nunca Más, la verdadera respuesta frente a estos crímenes debe ir más allá de declaraciones públicas. Arce insistió en la necesidad de políticas concretas, cooperación internacional y acciones que garanticen justicia para las víctimas.