“No ganan ni para comer”: Sáenz cuestiona cobro de impuesto del FSLN a trabajadores del estado

El economista Enrique Sáenz advirtió que el cobro obligatorio impuesto a trabajadores del Estado en Nicaragua, destinado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), representa un golpe directo a la subsistencia de miles de familias y constituye una medida de control político más que una necesidad económica.

Durante una intervención en el programa Enfoque, Sáenz cuestionó el impacto real de esta deducción aplicada a empleados que devengan desde 10 mil córdobas mensuales, señalando que se trata de un recorte que afecta necesidades básicas. “Alguien que gana 12 mil no gana ni para la comida”, afirmó, al explicar que el costo del componente alimenticio de la canasta básica ronda los 15 mil córdobas. 

El economista enfatizó que este cobro no grava ingresos excedentes, sino que afecta directamente la capacidad de alimentación de los trabajadores. “No es un impuesto sobre un ingreso superfluo, es sobre la comida”, sostuvo, al advertir que incluso quienes perciben salarios cercanos al promedio estatal —unos 15 mil córdobas— ya enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. 

Según la información divulgada, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplicará una tabla progresiva de deducciones mensuales que va desde 200 córdobas para salarios entre 10 mil y 20 mil, hasta 3,700 córdobas para quienes superan los 60 mil. En términos porcentuales, el descuento puede superar el 6% del ingreso mensual, lo que incrementa la carga sobre quienes ya enfrentan limitaciones económicas.

Sáenz explicó que el impacto no es meramente técnico, sino profundamente social. “Si te quitan 200 córdobas, es menos frijoles, menos tortillas, menos queso”, ilustró, al señalar que este tipo de medidas reduce directamente la calidad de vida de las familias. 

Desde una perspectiva política, el economista consideró que el cobro responde a una lógica de control dentro del aparato estatal. A su juicio, el régimen utiliza estos mecanismos para identificar y vigilar a quienes muestran inconformidad. “Aquí es capturar y vigilar a los empleados”, afirmó, sugiriendo que la medida también busca reforzar la lealtad dentro de las instituciones públicas. 

Asimismo, Sáenz rechazó la narrativa oficial que sugiere respaldo generalizado al gobierno entre los trabajadores estatales. “No es cierto que todos los trabajadores del Estado están con el régimen”, indicó, al subrayar que muchos permanecen en sus puestos por falta de alternativas laborales dentro o fuera del país. 

El economista también vinculó la medida con un contexto más amplio de precariedad económica en Nicaragua. Recordó que, según datos citados de organismos internacionales, una parte significativa de la población no logra cubrir su dieta básica, lo que refleja una situación de sobrevivencia. “Estamos hablando de una sociedad que vive en condición de supervivencia”, advirtió. 

Sáenz calificó el cobro como una medida abusiva que atenta contra la dignidad de los trabajadores. “Este es un atropello no solo a su dignidad, sino a la comida de sus hijos”, concluyó, señalando que en un sistema democrático este tipo de imposiciones no deberían existir.