Nicaragua mantiene 47 presos políticos, destaca Brooklyn Rivera con más de 914 días en desaparición forzada

47 personas continúan presas por razones políticas en Nicaragua, según el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una instancia avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte que la represión no ha disminuido en el país. El caso de Brooklyn Rivera sigue preocupando ya que se contabilizan 914 días en desaparición forzada.

El reporte, con corte al 31 de marzo de 2026, documenta que entre los detenidos hay opositores y críticos del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, identifica tres nuevos casos de detención y solo dos excarcelaciones en el período analizado.

De acuerdo con el informe, desde 2018 se han contabilizado al menos 1,491 personas privadas de libertad por motivos políticos. De los 47 casos actualmente verificados, 43 corresponden a hombres y tres a mujeres.

El informe también advierte sobre la situación de extrema vulnerabilidad de los detenidos, especialmente de los adultos mayores. Once de los presos políticos pertenecen a este grupo, lo que representa cerca del 29% del total, y enfrentan riesgos agravados por enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado.

“Se mantiene la falta de atención médica adecuada y profesional, el retraso en la entrega de medicamentos o incluso la no entrega de medicamentos, y la ausencia de evaluaciones especializadas han provocado un deterioro acelerado en su salud, en condiciones que pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes”, denunció el Mecanismo.

Uno de los aspectos más alarmantes es la desaparición forzada de 11 personas dentro de este grupo. Entre ellos destaca el caso de Brooklyn Rivera, quien suma más de 900 días sin que se conozca su paradero.

“La gravedad del caso de Brooklyn Rivera aumenta por su edad (73 años) y por reportes sobre padecimientos previos, entre ellos presunta hipertensión, así como por la información de que, tras su arresto, habría sido trasladado en una ambulancia debido a su condición médica”, señala el informe.

El organismo también advirtió que la falta de comunicación con familiares, así como la ausencia de acceso a defensa legal, agrava la situación de estos detenidos.

Asimismo, el informe denuncia un incremento en las acciones de vigilancia y control contra los familiares de presos políticos y de personas excarceladas.

“En los últimos meses, se ha observado una intensificación de los mecanismos de vigilancia y control, particularmente dirigidos a los entornos familiares de las personas presas políticas y de quienes han sido excarceladas”, detalla el documento.

“Se conoció que estas familias enfrentan no solo actos de vigilancia y amenazas directas, sino también restricciones indirectas orientadas a aislarlas y limitar sus posibilidades de articulación, denuncia y acompañamiento”, agrega.

Finalmente, el Mecanismo subrayó que la cifra de 47 presos políticos debe interpretarse como un mínimo verificable, debido a las dificultades para documentar todos los casos en un contexto de opacidad y control estatal.

“La cifra actual debe interpretarse como un mínimo verificable dentro de un universo más amplio, marcado por la opacidad, el control estatal y las limitaciones para documentar la totalidad de los casos”, concluyó el informe.