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Dictadura sandinista impone “impuesto partidario” a empleados públicos que ganen más de 10 mil córdobas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impondrá deducciones obligatorias a empleados públicos que ganen más de 10 mil córdobas, destinando el dinero directamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, según denuncias de trabajadores estatales

Abril 09, 2026 12:41 PM
Dictadura sandinista impone “impuesto partidario” a empleados públicos que ganen más de 10 mil córdobas

Trabajadores estatales denuncian que el régimen convertirá la planilla pública en mecanismo de recaudación obligatoria para financiar al FSLN

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se dispone a formalizar un nuevo mecanismo de cobro obligatorio a los trabajadores del Estado que devengan más de 10 mil córdobas mensuales, mediante una deducción directa en planilla que será destinada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según denunciaron a 100% Noticias fuentes vinculadas a instituciones públicas.

De acuerdo con los testimonios recabados, el llamado “aporte partidario”, que hasta ahora se entregaba después del pago salarial a través de secretarios políticos en cada dependencia estatal, pasará a ser retenido de forma automática y contable desde la propia nómina institucional.

La medida revela, según las fuentes consultadas, una decisión del aparato sandinista de cerrar cualquier fuga en la recaudación interna y garantizar que el dinero llegue sin intermediarios a las estructuras partidarias. En otras palabras, el régimen ya no quiere depender de la entrega manual del dinero ni correr el riesgo de que esos fondos “se pierdan en el camino”.

Orden girada a financieros y contadores

Según la información obtenida por 100% Noticias, en días recientes se realizó una reunión con financieros y contadores de distintos ministerios e instituciones estatales, donde se les orientó aplicar la retención desde la próxima planilla.

En ese encuentro se presentó una tabla progresiva de cobro, que fija montos según el nivel salarial del trabajador. Aunque el régimen lo presenta como “aporte partidario”, en la práctica se trata de una deducción obligatoria vinculada al empleo público y al control político de la burocracia estatal.

Tabla del cobro obligatorio

La tabla entregada a funcionarios administrativos establece las siguientes deducciones mensuales:

Salario mensual Aporte obligatorio
C$10,000 a C$20,000 C$200
C$20,001 a C$30,000 C$700
C$30,001 a C$40,000 C$1,300
C$40,001 a C$50,000 C$2,000
C$50,001 a C$60,000 C$2,800
C$60,001 o más C$3,700

Cuánto representa el descuento al año

Si el cobro se mantiene durante doce meses, el golpe al salario anual de cada trabajador sería el siguiente:

Rango salarial Descuento mensual Descuento anual
C$10,000 a C$20,000 C$200 C$2,400
C$20,001 a C$30,000 C$700 C$8,400
C$30,001 a C$40,000 C$1,300 C$15,600
C$40,001 a C$50,000 C$2,000 C$24,000
C$50,001 a C$60,000 C$2,800 C$33,600
C$60,001 o más C$3,700 C$44,400

Impacto real sobre el salario

Más allá del monto nominal, el cobro significa una reducción sensible en los ingresos de los empleados públicos. Visto en porcentaje aproximado del salario base de cada tramo, el descuento equivale a:
• C$200 sobre C$10,000 = 2% mensual
• C$700 sobre C$20,001 = 3.5% mensual
• C$1,300 sobre C$30,001 = 4.3% mensual
• C$2,000 sobre C$40,001 = 5% mensual
• C$2,800 sobre C$50,001 = 5.6% mensual
• C$3,700 sobre C$60,001 = 6.2% mensual

Es decir, mientras mayor es el salario, mayor es también el peso del cobro, hasta convertirse en una deducción que puede superar el 6% del ingreso mensual.

Proyección de recaudación

Aunque no se ha divulgado oficialmente cuántos trabajadores serán afectados, la magnitud del cobro permite estimar cuánto podría recaudar el partido si esta medida se aplica de forma masiva.

Si fueran 1,000 trabajadores por cada tramo salarial:
• Tramo C$10,000+: C$200,000 al mes / C$2.4 millones al año
• Tramo C$20,001+: C$700,000 al mes / C$8.4 millones al año
• Tramo C$30,001+: C$1.3 millones al mes / C$15.6 millones al año
• Tramo C$40,001+: C$2 millones al mes / C$24 millones al año
• Tramo C$50,001+: C$2.8 millones al mes / C$33.6 millones al año
• Tramo C$60,001+: C$3.7 millones al mes / C$44.4 millones al año

Si hubiera 10,000 empleados afectados en total, solo como ejemplo:
• En el tramo más bajo de cobro: C$2 millones mensuales
• En el tramo más alto: C$37 millones mensuales

Esto significa que el FSLN podría captar decenas de millones de córdobas al mes si la deducción se extiende a una porción amplia de la planilla estatal.

“Es un robo”: crece el malestar entre trabajadores sandinistas

Fuentes consultadas por 100% Noticias, incluidas personas identificadas como simpatizantes o militantes sandinistas dentro del aparato estatal, expresaron repudio, indignación y rechazo ante lo que consideran una confiscación de sus ingresos.

Varios trabajadores calificaron la medida como un “robo” y acusaron a los operadores partidarios de utilizar el salario de los empleados públicos para engrosar las finanzas del partido y los bolsillos de sus estructuras corruptas.

La molestia no solo radica en la obligación del pago, sino en el hecho de que ahora quedará institucionalizado dentro de la planilla, eliminando cualquier margen de resistencia individual. Para los afectados, la decisión confirma que el régimen ya no distingue entre Estado y partido: la nómina pública pasa a funcionar como caja recaudadora del FSLN.

Lectura económica y política

La medida tiene una doble lectura.

En el plano económico, representa un recorte forzoso del salario real de miles de trabajadores estatales en un contexto de precariedad, dependencia laboral y ausencia de libertades sindicales.

En el plano político, expone que el aparato de poder sandinista necesita asegurar recursos frescos y disciplinar a su propia base, incluso a costa del bolsillo de empleados que dependen del Estado para sobrevivir.

Lo que antes se manejaba en la opacidad del control partidario interno, ahora busca ser convertido en un sistema de cobro formal, verificable y obligatorio.

Con esta decisión, la dictadura no solo refuerza el control sobre los trabajadores públicos, sino que convierte el salario estatal en un instrumento de financiamiento partidario. El mensaje de fondo es contundente: en Nicaragua, bajo el régimen Ortega-Murillo, trabajar para el Estado también significa pagarle al partido.

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