Informe de la ONU habría detonado asesinato de Samcam, dice expediente del caso

La participación del exiliado nicaragüense Roberto Samcam en un informe de la ONU sobre la represión en Nicaragua fue el detonante de su asesinato, según revelan testimonios incluidos en la más reciente ampliación del expediente judicial del caso. La investigación, a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía en Costa Rica, apunta a un crimen con motivaciones ideológicas y ejecutado por encargo.

El homicidio ocurrió el 19 de junio de 2025 en la vivienda de Samcam, ubicada en Moravia, San José, cuando un sujeto armado ingresó y le disparó. Hasta el momento, cuatro sospechosos han sido detenidos y permanecen en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias judiciales.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el expediente, la labor de Samcam como colaborador en un informe de Naciones Unidas sobre los hechos de 2018 en Nicaragua habría provocado una fuerte reacción del régimen. Un testigo señaló que gran parte del documento internacional se basó en investigaciones realizadas por la víctima, en las que se señalaban responsabilidades de altos mandos militares y estructuras de inteligencia en al menos 300 asesinatos.

“Hay un informe de la ONU en el que se demostró cómo el ejército nicaragüense se involucró en la represión y persecución en 2018. La mayoría de este documento fue basado en investigación que realizó Roberto Samcam”, indicó un testigo ante el OIJ, quien añadió que esto lo convirtió en un “objetivo específico del régimen”.

Además del informe internacional, el expediente revela que Samcam trabajaba junto a otros exiliados en la elaboración de un documento sobre un eventual gobierno transitorio para Nicaragua. Según otro testimonio, este proyecto político y la difusión de denuncias contra actores del régimen aumentaron el nivel de riesgo en su contra.

“La gota que rebasó el vaso fue ese documento… Roberto lo puso a circular… realizaba ataques a militares e instituciones de inteligencia”, afirmó otro testigo, citado en el expediente judicial.

Especialistas consultados coinciden en que el caso no puede analizarse de forma aislada. Javier Meléndez, director ejecutivo de Expediente Abierto, señaló que el asesinato se enmarca dentro de una política de represión transnacional dirigida a silenciar voces críticas en el exilio.

“El tema es que no hay que perder de vista que al final tiene que ver con una política explícita de represión transnacional… y uno de esos objetivos prioritarios sin dudas era Roberto”, afirmó Meléndez en una entrevista a Teletica.

El expediente también detalla otros elementos que refuerzan la hipótesis de un crimen político. Entre ellos, la existencia de una lista con al menos diez personas consideradas objetivos del régimen, así como el vínculo de uno de los imputados con estructuras operativas en Carazo, Nicaragua.

"Lo típico en las dictaduras es que exista un sistema de control tal sobre los ciudadanos que incluso el espionaje y la conspiración llegan a ser estrategias y hasta políticas de estado. Porque precisamente la permanencia de los dictadores y de su círculo depende de ese control para evitar y sofocar cualquier foco de disidencia. Una vez que un estado devalúa los derechos humanos, cualquier cosa es posible y la devaluación de los derechos humanos habla de un estado criminal que procurará ubicarse siempre por encima de su razón de ser", dijo Rogelio Ramírez, exinvestigador OIJ a Teletica.

Las autoridades judiciales han clasificado el asesinato como un homicidio ideológico y profesional, lo que implica que fue ejecutado con planificación y a cambio de una remuneración. Este tipo de clasificación refuerza la tesis de que no se trató de un hecho aislado, sino de una acción dirigida.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan nuevas detenciones.