CIDH otorga medidas cautelares a Bayardo Arce y alerta riesgo grave en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Bayardo Arce Castaño y su familia, al considerar que enfrentan un riesgo “grave y urgente” de daño irreparable a sus derechos fundamentales en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 5 de abril de 2026 la Resolución 23/2026, mediante la cual concedió medidas cautelares a favor de Bayardo Arce Castaño y su núcleo familiar, tras determinar que su situación reviste gravedad y urgencia.
Según la resolución, Arce Castaño habría sido detenido en julio de 2025 por autoridades policiales y permanece recluido en condiciones de aislamiento, sin acceso a atención médica para tratar padecimientos crónicos y en condiciones de detención consideradas inadecuadas.
La CIDH advirtió que estas circunstancias, sumadas a su condición de persona mayor, incrementan el riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, integridad personal y salud. Además, señaló que existe falta de información sobre su estado actual y restricciones en el contacto con sus familiares.
El organismo también identificó un patrón de persecución contra su núcleo familiar, quienes habrían sido objeto de vigilancia, intimidaciones y hostigamiento por parte de agentes estatales tras la detención del beneficiario. La CIDH subrayó que el Estado de Nicaragua no proporcionó información en el marco del análisis del caso.
Ante este escenario, la Comisión solicitó al Estado nicaragüense adoptar medidas inmediatas para proteger los derechos fundamentales de Arce Castaño, garantizar condiciones de detención acordes a estándares internacionales y permitir el acceso a atención médica integral, incluyendo medicamentos necesarios.
Asimismo, instó a las autoridades a asegurar el contacto regular con sus familiares y representantes, y a cesar cualquier acto de persecución contra su entorno cercano. También pidió investigar los hechos denunciados para evitar su repetición.
La CIDH aclaró que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre una eventual denuncia ante el sistema interamericano, sino que responde a la necesidad de prevenir daños irreparables mientras se evalúa el caso.
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