Exigen liberación de guardabosques indígenas mayangnas, detenidos en Nicaragua

Un grupo de al menos 20 organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional, entre ellas miembros de la Organización Mundial Contra la Tortura, envió una carta a los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a altos funcionarios del Estado, en la que denuncian la detención arbitraria, condena injusta y graves violaciones a los derechos humanos contra cuatro líderes indígenas del pueblo Mayangna.

Las organizaciones el encarcelamiento injusto de Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías, a quienes reconocen como, "autoridades comunitarias y guardianes forestales del territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Reserva de la Biosfera de Bosawás. Los cuatro permanecen encarcelados desde 2021 en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, se lee en el documento.

En la misiva, las organizaciones destacan que los detenidos han desempeñado un papel clave en la defensa de su territorio ancestral frente a invasiones de colonos armados, actividades extractivas ilegales y proyectos mineros sin consentimiento de sus comunidades. Subrayan que su labor constituye un ejercicio legítimo de derechos reconocidos internacionalmente, como la autodeterminación de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente.

El caso se remonta al 23 de agosto de 2021, cuando ocurrió un ataque armado en el punto de minería artesanal de Kiwakumbaih, donde varias personas fueron asesinadas, incluidos familiares de los hermanos Celso Lino, y se registraron actos de violencia sexual. Según el relato recogido en la carta, sobrevivientes identificaron a los atacantes como hombres no indígenas, armados y con vestimenta militar. Sin embargo, en lugar de investigar a estos grupos, las autoridades señalaron a miembros del propio pueblo Mayangna.

Las organizaciones denuncian que las detenciones se realizaron sin orden judicial, sin informar los motivos y sin garantizar acceso a defensa ni intérpretes, pese a que los acusados tienen como lengua materna el mayangna. Además, aseguran que fueron víctimas de desaparición forzada durante varios meses, mientras los recursos legales interpuestos por sus familias eran rechazados.

El proceso judicial también es señalado como irregular. El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, sin individualizar responsabilidades, sin pruebas materiales y basado principalmente en testimonios de funcionarios que no presenciaron los hechos. A pesar de ello, los cuatro líderes fueron condenados a cadena perpetua, más años adicionales, en un fallo que actualmente se encuentra en revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Las condiciones de reclusión han sido calificadas como inhumanas. Según la denuncia, los detenidos han enfrentado aislamiento prolongado, incomunicación, agresiones físicas y sexuales, así como negación de atención médica. Sus familiares deben recorrer largas distancias para visitarlos y, en muchos casos, se les restringe el ingreso de alimentos y medicinas.

El caso ha sido objeto de pronunciamientos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los detenidos en 2023, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su liberación ese mismo año. Asimismo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó en 2024 que su encarcelamiento es ilegal y pidió su liberación inmediata, señalando además la falta de independencia del sistema judicial nicaragüense.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha documentado este caso como parte de un patrón más amplio de persecución contra autoridades indígenas en la Costa Caribe del país, y lo ha visibilizado en campañas internacionales como “Faces of Hope”.

En su llamado, las organizaciones exigen al Estado de Nicaragua garantizar el debido proceso en el recurso de casación pendiente, liberar de forma inmediata e incondicional a los cuatro líderes, investigar las denuncias de tortura y garantizar que las autoridades indígenas puedan ejercer su labor sin temor a represalias.

La carta también fue remitida a funcionarios clave del sistema judicial y diplomático, entre ellos el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Rothschuh; la procuradora general Wendy Morales; y los cancilleres Denis Moncada Colindres y Valdrack Jaentschke. También fue enviada a representantes diplomáticos como Jaime Hermida Castillo y César Augusto Castañeda Lacayo.

Las organizaciones concluyen su pronunciamiento reiterando la urgencia de poner fin a lo que califican como una situación de injusticia prolongada, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense en materia de derechos humanos.