Murillo arremete contra Alba Luz Ramos: ordena investigación, retira escolta y confisca bienes

Rosario Murillo ordenó abrir una investigación contra la magistrada Alba Luz Ramos, quien todavía funge como magistrada y está nombrada como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en medio de una serie de acciones que incluyen la confiscación de bienes, el retiro de su seguridad y presiones directas para obligar al personal a que testifique en su contra, confirmó 100% Noticias con una fuente.

El colega Miguel Mendoza informó que el pasado 30 de marzo personal administrativo de la CSJ llegó a la vivienda de Ramos para retirar las camionetas oficiales y desmantelar su esquema de seguridad, tanto civil como policial. La orden habría sido emitida directamente por Murillo, sin consulta previa a Daniel Ortega.

El operativo se desarrolló en un ambiente de alta tensión y, según testigos, dejó a la magistrada visiblemente afectada. Paralelamente, fuentes del entorno judicial aseguran que los bienes de Ramos fueron inmovilizados desde noviembre de 2025 por la Procuraduría General de la República, por instrucciones de Murillo a la procuradora Wendy Morales.

Presión interna y fabricación de acusaciones

En el marco de esta ofensiva, una fuente confió a 100% Noticias, el régimen también ha citado a declarar a personas cercanas a Ramos, incluidos sus exescoltas, con el objetivo de utilizarlos como testigos en una investigación abierta en su contra. Según información obtenida por este medio, a miembros del personal se les habría exigido “inventar cosas de índole delictivas” para sustentar el proceso.

Asimismo, se realizó una reunión interna encabezada por el jefe de seguridad de la CSJ, Enrique Soto, junto al secretario general del tribunal, en la que se comunicó a los ex escoltas que Ramos quedaba “fuera por orientaciones superiores” y que tenían prohibido mantener cualquier tipo de contacto con ella o su familia.

Ramos señalada por Crímenes de lesa humanidad 

La magistrada Alba Luz Ramos ha sido señala por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, en la comisión de crímenes de lesa humanidad. En el informe indican que Ramos "tuvo conocimiento de las decisiones que facilitaron medidas judiciales contra 222 exreos políticos desterrados “sin que se garantizara el debido proceso”. Ese informe responsabiliza a 54 funcionarios del régimen Ortega Murillo.