Estudio evidencia creciente descontento en Nicaragua bajo el mando de Rosario Murillo

El descontento ciudadano en Nicaragua continúa en aumento. Una reciente encuesta realizada en once ciudades del país, basada en consultas a 500 personas, confirma una percepción cada vez más crítica sobre la dirección política y económica del país. El estudio, analizado por el politólogo Manuel Orozco, indica que el 44% de los nicaragüenses considera que el país va en la dirección equivocada, una cifra que refleja un deterioro en la percepción respecto a años anteriores.

El análisis, con un margen de error de 5.2%, también sugiere que este porcentaje podría ser mayor si se toma en cuenta el temor de la población a expresar opiniones políticas en un contexto marcado por restricciones a la libertad de expresión. De hecho, uno de cada cuatro consultados evitó responder preguntas sensibles, lo que evidencia un entorno de autocensura.

El malestar no es únicamente político, sino profundamente económico. Según el estudio, casi la mitad de los encuestados considera que la situación económica ha empeorado en los últimos años. Este deterioro se produce en un contexto donde el crecimiento económico promovido por el régimen no se traduce en mejoras tangibles para la población.

Entre 2018 y 2025, el ingreso per cápita en Nicaragua pasó de aproximadamente 2,000 a 2,700 dólares anuales. Sin embargo, este incremento ha estado fuertemente impulsado por el crecimiento de las remesas, más que por una expansión estructural del empleo o la productividad interna. Paralelamente, se observa una disminución del empleo formal y un aumento de la informalidad, lo que limita la estabilidad de los ingresos de los hogares.

Hogares con ingresos inferiores

El perfil económico del ciudadano promedio es preocupante. La mayoría de los hogares reporta ingresos inferiores a 300 dólares mensuales, cifra que puede ascender a 500 dólares en aquellos que reciben remesas. No obstante, menos de la mitad logra ahorrar, y quienes lo hacen apenas alcanzan reservas equivalentes a tres meses de gastos. Además, el 40% de la población se encuentra endeudada, principalmente por consumo.

Este panorama se agrava en un país donde una proporción significativa de los hogares está encabezada por mujeres, muchas de las cuales enfrentan limitadas oportunidades laborales debido a responsabilidades de cuidado familiar.

La percepción de inseguridad también ha crecido, contrastando con la narrativa oficial que históricamente ha presentado a Nicaragua como uno de los países más seguros de la región. Este cambio en la percepción refuerza la sensación de deterioro generalizado en las condiciones de vida.

Continúa deseo de abandonar el país 

Otro elemento clave que revela la encuesta es la persistente intención migratoria. Aproximadamente uno de cada 20 hogares manifiesta el deseo de abandonar el país, lo que equivale a más de 250,000 personas. La principal motivación es económica: el 80% de quienes desean migrar busca mejorar sus ingresos o acceder a mejores oportunidades laborales.

Este fenómeno no es nuevo, pero su persistencia indica que las condiciones estructurales que impulsan la migración no han sido resueltas. Incluso en contextos de mayores restricciones migratorias, como las implementadas por Estados Unidos durante la pandemia, los flujos migratorios se han mantenido.

En paralelo, la encuesta evidencia una percepción limitada de libertad. Más del 70% de los encuestados considera que no vive plenamente en libertad o que su libertad es parcial. Esta percepción se relaciona estrechamente con la situación económica: quienes se sienten económicamente más estables tienden a percibirse como más libres, mientras que los sectores con menores ingresos reportan mayores niveles de restricción.

El análisis también sugiere que el malestar económico está directamente vinculado a la percepción política. Para una parte importante de la población, las dificultades económicas no son únicamente resultado de factores estructurales, sino de decisiones de quienes ejercen el poder.

Demandas 

En este contexto, crece la demanda de rendición de cuentas hacia el liderazgo del país. Según Orozco, la presión social no se basa únicamente en expectativas externas, como una eventual intervención internacional, sino en una necesidad interna de reformas que permitan mejorar las condiciones de vida y restablecer garantías democráticas.

Entre las principales demandas identificadas se encuentran la liberación de presos políticos, la reversión de reformas legales consideradas restrictivas, la recuperación de derechos para la diáspora y la promoción de un modelo económico más inclusivo.

El estudio también plantea un llamado a distintos actores, tanto nacionales como internacionales, para impulsar estas demandas. Entre ellos se mencionan la sociedad civil, la empresa privada, la diáspora, así como gobiernos y organismos internacionales con influencia en la región.

A pesar del contexto de restricciones, el informe señala que existe una ciudadanía que, aunque limitada en su capacidad de expresión, continúa manifestando su descontento y sus expectativas de cambio. Este fenómeno es particularmente relevante en una población joven, donde una parte significativa nació en el siglo XXI y posee aspiraciones distintas a las generaciones anteriores.