Canciller de Nicaragua y consulados, piezas claves de la vigilancia y espionaje del régimen en el exterior

La represión nicaragüense no se limitó al territorio nacional. Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documenta que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó una red transnacional de vigilancia e inteligencia para identificar, seguir, acosar y perseguir a nicaragüenses exiliados en distintos países. El documento sostiene que esta arquitectura operó mediante una coordinación vertical entre instituciones del Estado, el servicio diplomático, estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y actores no estatales.

La investigación ubica en el centro de esta estrategia a embajadas, consulados, aparatos de inteligencia militar, policía, operadores políticos y redes de informantes que, de manera articulada, permitieron extender el aparato represivo fuera de las fronteras de Nicaragua. Para el Grupo de Expertos, no se trata de acciones aisladas, sino de una estructura integrada diseñada para neutralizar cualquier actividad considerada hostil al Gobierno.

Según el informe, esta red tuvo un doble componente. Por un lado, uno político, encargado de definir los objetivos, clasificar amenazas y dictar lineamientos estratégicos. Por otro, uno operacional, responsable de ejecutar la vigilancia, la intimidación, la recopilación de datos, el espionaje digital y el seguimiento a opositores y exiliados en el extranjero.

Ambos niveles, señala el documento, funcionaron de manera conjunta para proyectar la represión estatal más allá del territorio nicaragüense.

La investigación señala que en la cima de esta estructura se encontraban Rosario Murillo, altos mandos vinculados a seguridad e inteligencia, el Viceministro del Interior y dirigentes del FSLN. Desde ese nivel se decidía qué exiliados debían ser objeto de persecución, cuáles eran considerados amenaza y qué tipo de medidas debían aplicarse: vigilancia, acoso, intimidación digital y presencial, seguimiento mediante consulados y denegación de documentos oficiales.

Valdrack Jaentschke 

Uno de los nombres que el informe destaca de manera especial es el de Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker. Según 12 fuentes distintas citadas por el Grupo, entre 2021 y 2023 Jaentschke formó parte del círculo de alto nivel que tomaba decisiones sobre la estrategia de represión transnacional. En ese período ocupó simultáneamente cargos de peso político y diplomático, al desempeñarse como Asesor Presidencial en materia de políticas y asuntos internacionales, además de fungir sucesivamente como Ministro Consejero o Embajador en las sedes diplomáticas de Nicaragua en Guatemala, Honduras y Costa Rica.

El informe considera que esa rápida sucesión de nombramientos no fue casual. Coincidió con una etapa en la que aumentó el exilio de nicaragüenses considerados opositores reales o percibidos como tales. La cercanía de Jaentschke con la Presidencia, a la que supuestamente reportaba de forma directa, le habría dado un papel relevante en la conducción de la estrategia de inteligencia en el exterior y en la articulación entre el nivel político y el nivel operativo.

De acuerdo con el documento, durante sus misiones diplomáticas Jaentschke estableció redes de influencia, sobre todo en Costa Rica, uno de los principales destinos del exilio nicaragüense. El Grupo sostiene que esas redes facilitaron la coordinación entre actores estatales y no estatales, incluidos informantes, para localizar, vigilar, intimidar y recopilar información sobre exiliados en los tres países donde prestó servicio.

El papel de las embajadas y consulados es otro de los aspectos centrales del informe. Desde 2020, según la investigación, al menos cinco embajadas nicaragüenses albergaron personal de inteligencia militar y de defensa encargado de recopilar y procesar información sobre exiliados. A esto se suma que muchos embajadores también actuaban como “secretarios políticos” del FSLN dentro de las sedes diplomáticas, coordinando la vigilancia de opositores y sus familias y reportando directamente a Murillo.

En ese entramado, los consulados aparecen no solo como oficinas para trámites migratorios, sino como puntos de seguimiento y presión sobre los exiliados. El informe sostiene que el régimen utilizó servicios consulares para monitorear a nicaragüenses fuera del país, rastrear sus movimientos y ejercer control mediante la entrega o denegación de documentos como pasaportes y otros papeles civiles. Esta práctica habría convertido a la documentación oficial en una herramienta de castigo y presión política.

La red descrita por el Grupo se alimentaba además de la participación del ejército, la policía y otras instituciones del Estado. El componente político, coordinado por la jefatura de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, fijaba prioridades generales, consolidaba redes de personas afines al régimen, incluso si no eran nicaragüenses, y supervisaba el uso del servicio diplomático para identificar y acosar exiliados. También, según el documento, promovía la cooperación con Estados considerados aliados.

En el plano operativo, la Dirección de Información para la Defensa y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar encabezaban actividades de espionaje, elaboración de perfiles, selección de objetivos, seguimiento a movimientos y coordinación de informantes. El informe asegura que estas estructuras no solo analizaban datos, sino que también desarrollaban operaciones encubiertas en el extranjero.

La investigación señala que parte del personal de inteligencia establecía acuerdos informales con personas en países de destino, incluidas algunas vinculadas a redes criminales, para vigilar, amenazar y acosar a exiliados nicaragüenses. El propósito, según el Grupo, era mantener distancia formal entre esas acciones y el Estado, dificultando así la atribución directa de responsabilidades.

Las operaciones transnacionales, agrega el documento, eran ejecutadas por equipos mínimos de tres personas con funciones diferenciadas, desde el análisis y supervisión de información hasta el trabajo de campo. Sobre el terreno actuaban militantes sandinistas, agentes encubiertos e informantes de distintas nacionalidades, quienes recolectaban datos sobre reuniones, actividades políticas, vínculos familiares, direcciones y movimientos de figuras opositoras. Esa información era enviada luego a la Dirección de Información para la Defensa, a la policía y a los consulados.

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos también figura en la arquitectura represiva descrita por el informe. Según el Grupo de Expertos, esta institución participó en la vigilancia digital transnacional mediante el monitoreo de redes sociales y la interceptación de comunicaciones, remitiendo luego esos insumos a los aparatos de inteligencia. La dimensión digital se complementaba con campañas de acoso, desinformación y difamación impulsadas por periodistas oficialistas, influencers progubernamentales y granjas de troles vinculadas a la Juventud Sandinista y a instituciones estatales.

El documento añade que otras dependencias públicas, como Migración y Extranjería, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Universidades, habrían aportado información laboral, financiera, académica y de contacto a esta red de inteligencia. Esa combinación de bases de datos, espionaje digital y seguimiento presencial fortaleció la capacidad del régimen para perseguir a exiliados incluso después de que abandonaran Nicaragua.

El Grupo considera que esta política transnacional forma parte de un patrón más amplio de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, algunas constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Entre sus efectos menciona el miedo extendido entre la diáspora, la afectación psicológica de las víctimas y sus familias, y la profundización de fenómenos como la apatridia de iure y de facto, que complican el acceso al asilo, la reunificación familiar y la integración en los países de acogida.

En sus recomendaciones, el Grupo insta al Gobierno de Nicaragua a poner fin de inmediato a toda persecución por motivos políticos, incluida la vigilancia, el acoso y la intimidación de opositores y familiares dentro y fuera del país. También pide restablecer derechos a las víctimas, permitir la libre circulación y el retorno seguro de exiliados mediante la expedición de documentos, cesar la persecución contra periodistas, iglesias y organizaciones civiles, y cooperar plenamente con Naciones Unidas y el sistema interamericano.

A la comunidad internacional le recomienda avanzar en investigaciones penales bajo jurisdicción extraterritorial o universal, imponer sanciones selectivas a personas e instituciones responsables, proteger a los exiliados nicaragüenses, investigar amenazas y agresiones en su contra, reforzar controles sobre mecanismos como INTERPOL para evitar su uso político y exigir mayor diligencia a empresas tecnológicas y financieras cuyos sistemas puedan ser utilizados para facilitar la vigilancia y la represión.