Alertan sobre grave deterioro de salud de presos políticos en cárceles de Nicaragua

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua advirtió sobre el deterioro grave de salud de al menos siete presos políticos en las cárceles del país, una situación que, según la organización, se ha agravado en las últimas semanas debido a la falta de atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario.

En un reporte difundido en sus redes oficiales, el mecanismo señaló que durante los últimos 15 días ha recibido información preocupante sobre la condición de varias personas detenidas por motivos políticos, quienes enfrentan enfermedades sin tratamiento, condiciones de reclusión adversas y, en algunos casos, secuelas físicas derivadas de presuntas agresiones durante su detención.

La entidad también lanzó un llamado urgente a las autoridades para garantizar el derecho a la salud de los detenidos.

“Exigimos atención médica urgente, adecuada y de calidad para todas las personas presas políticas que enfrentan condiciones graves de salud. Así como su liberación sin condiciones”, subraya el comunicado.

Entre los casos documentados por el mecanismo se encuentra el de Nancy Henríquez, quien presenta debilidad extrema, dificultad para hablar y episodios de pérdida de memoria, síntomas que —según el reporte— no han recibido atención médica especializada.

Otro caso es el de Jairo Obando, encarcelado desde 2014, quien casi no puede caminar debido a infecciones de hongos en los pies que no han sido tratadas dentro del sistema penitenciario.

También se reporta la situación de Walner Ruiz, que padece inflamación ocular severa y fuertes dolores de cabeza sin diagnóstico ni atención médica, mientras que José Meza, detenido igualmente desde 2014, enfrenta complicaciones graves de próstata y otros padecimientos agravados por el encierro.

El informe añade que Argüello Celso sufre infecciones fúngicas en los pies que le dificultan caminar, y Ignacio Celso Lino presenta dolor abdominal intenso e inflamación persistente sin recibir atención médica.

Condiciones de reclusión denunciadas

El reporte también describe condiciones de detención que, según la organización, agravan la salud de los reclusos.

“Se documenta la falta de acceso a medicamentos, atención especializada y trato digno”, afirma el informe en el apartado titulado Negación Sistemática de Salud.

Asimismo, el mecanismo denunció castigos que consisten en encerrar a los detenidos en celdas selladas durante horas bajo temperaturas extremas, una práctica que ex presos han comparado con permanecer “en el desierto”.

“Además, se ha documentado que presos políticos como Urbina Lara, Walner Ruiz, Jaime Navarrete y Walter Balmaceda han sido castigados con celdas selladas durante horas y temperaturas sofocantes, una práctica que excarcelados han descrito como similar a estar ‘en el desierto’ por el calor y la falta de ventilación”.

En el caso de Jaime Navarrete, familiares denunciaron que mantiene una deformación en la mandíbula producto de golpizas recibidas durante su detención en 2019, una lesión que, según el informe, no ha recibido atención médica y continúa agravándose con el paso del tiempo.

Perfil de riesgo dentro del sistema penitenciario

El informe también presenta un panorama general de la población identificada como presa política en Nicaragua “46 presos políticos totales: 43 hombres y 3 mujeres bajo custodia estatal”.

El reporte indica además que el 33% de las personas detenidas son adultos mayores, mientras que 15 personas se encuentran en alto riesgo por enfermedades preexistentes agravadas por la detención.

Otra de las alertas señaladas es la desaparición forzada del 22% de reos "10 detenidos sin paradero oficial, visitas familiares ni acceso a defensa legal”.

El documento también advierte que el miedo a represalias estatales ha limitado las denuncias públicas de nuevas detenciones.

“El miedo a represalias estatales impide que muchas familias denuncien nuevas detenciones”, señala el informe en el apartado denominado Silencio Forzado y Subregistro.

El mecanismo también denunció prácticas que afectan a líderes indígenas detenidos “se les prohíbe hablar su lengua y se estigmatiza su cultura”, indica el informe, calificando esta situación como “etnocidio simbólico indígena”.

Finalmente, la organización reiteró que negar atención médica a personas bajo custodia del Estado constituye trato cruel, inhumano y degradante, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.