Empresa ligada al IPSM recibe tres concesiones mineras

La Procuraduría General de Justicia (PGJ), a través de su Dirección General de Minas, otorgó en febrero de 2026 tres concesiones mineras para la explotación de minerales no metálicos a la empresa GPC Productos de Concreto de Nicaragua S.A., en áreas ubicadas en los municipios de Ciudad Sandino y Mateare, en el departamento de Managua.

Las concesiones fueron formalizadas bajo los títulos No. 004-PGJ-DGM-2026, No. 005-PGJ-DGM-2026 y No. 006-PGJ-DGM-2026, amparadas en la Ley No. 1275, publicada en La Gaceta el 12 de febrero de 2026, que adscribe la Dirección General de Minas a la Procuraduría.

El primero de los títulos concede derechos sobre el lote denominado Mina Buena Vista, con una extensión de 37.89 hectáreas en Ciudad Sandino. El segundo corresponde a Mina Xiloá, con 58.62 hectáreas en Mateare. El tercero abarca Mina Xolotlán, con una superficie de 35 hectáreas también en Ciudad Sandino.

Las concesiones tienen una vigencia de 25 años y otorgan a la empresa el derecho exclusivo de exploración y explotación, así como la posibilidad de establecer plantas de beneficio dentro de las áreas asignadas. A cambio, la empresa deberá cumplir con obligaciones financieras y operativas, entre ellas el pago de derechos de vigencia por hectárea y una regalía del 3% sobre el valor de los minerales extraídos.

El marco legal establece además requisitos como la presentación de informes mensuales de producción, la obtención de permisos ambientales previos al inicio de operaciones, el cumplimiento de normas de seguridad laboral y la obligación de permitir la actividad minera artesanal en ciertas condiciones dentro del área concesionada.

Más allá del otorgamiento formal, el nombre de la empresa beneficiaria aparece vinculado a investigaciones periodísticas que señalan la existencia de un conglomerado empresarial asociado al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), entidad que administra fondos de seguridad social del Ejército de Nicaragua.

Según documentación mercantil y registros públicos consultados por medios independientes como Nicaragua Investiga y Café con Voz, el teniente coronel Marvin Antonio Briceño Rivas figura como beneficiario final en al menos ocho empresas que integran este entramado corporativo. Entre ellas se encuentra GPC Productos de Concreto de Nicaragua S.A., junto a otras compañías como Obrinsa, Coniasa, Concrenic, Seitsa y Farcosa.

Las investigaciones señalan que estas estructuras empresariales han sido utilizadas para canalizar inversiones y generar ingresos destinados al IPSM.

Briceño Rivas, contador público y oficial del Ejército, ha sido identificado como una figura clave dentro de esta red. Su ascenso a teniente coronel en 2012 coincidió con el periodo de consolidación del mando del jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, quien preside la junta directiva del IPSM desde 2010.

Registros públicos también muestran a Briceño Rivas participando en operaciones financieras vinculadas al instituto, lo que refuerza su rol dentro del esquema empresarial.

La adjudicación de concesiones mineras a empresas vinculadas a estructuras económicas asociadas al estamento militar ocurre en un contexto donde el sector extractivo continúa siendo una fuente estratégica de ingresos en Nicaragua.

La normativa vigente permite que las concesiones constituyan derechos reales inmobiliarios independientes de la propiedad del terreno, lo que facilita su cesión, arrendamiento o integración con otros proyectos, previa autorización estatal.