Posiciones encontradas entre opositores por reconocimiento de Arce como preso político

Activistas, ex presos políticos y opositores nicaragüenses se pronunciaron en sus cuentas de Facebook y X tras la decisión del Mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas de incluir a Bayardo Arce en la lista de presos políticos.

Arce, dirigente sandinista y exasesor económico de la dictadura, fue detenido el 30 de julio de 2025 y acusado de lavado de dinero y crimen organizado. Hasta ahora no existe información oficial sobre su estado de salud, pero múltiples fuentes confirmaron a 100% Noticias que atraviesa un momento crítico y que fue trasladado a un hospital porque se había descompensado. 

La categorización como “preso político” ha generado un debate público en el que algunos sectores cuestionan si su caso cumple los criterios establecidos, mientras otros defienden que el respeto al debido proceso debe prevalecer independientemente del historial político del detenido.

Yaritzha Mairena, ex prisionera política, expresó en sus redes que “...nadie es santo ni está fuera de la ley, pero si cometiste un delito y te juzgan por ello no sos un preso político… y Bayardo Arce llevaba años, si no décadas, siendo cómplice de la corrupción de la dictadura”.

La activista añadió que “El mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas tiene la responsabilidad de argumentar y justificar públicamente una decisión de esta magnitud porque no podemos permitir que agendas políticas incidan en la definición de quién es o no es preso político y menos cuando se trata de una decisión política lesiva para toda la oposición que coloca en el mismo plano a víctimas ya quienes formaron parte del sistema que las persiguió”, cuestionó.

Agumentó que “no se puede meter las manos al fuego por alguien que ha sido siempre corrupto y partícipe de la dictadura y de la represión y al mismo tiempo colocar su situación en el mismo plano del sufrimiento de las víctimas que esa misma estructura persiguió y encarceló. ¿Cuáles son los argumentos sobre su condición de presos políticos?”, dijo a través de sus redes.

En la misma línea, Alex Hernández, ex preso político y desterrado en Estados Unidos, cuestionó la decisión y reconoce que en los últimos años, el monitoreo mensual de presos politicos ha sido una herramienta seria y respetada, tanto por la ciudadanía como por organismos internacionales de DDHH.

“Es importante diferenciar entre una detención derivada de pugnas internas de poder dentro del mismo aparato represor y la persecución sistemática que se ha ejercido contra quienes, desde la oposición, se manifestaron en contra de la dictadura y lo pagaron con cárcel, exilio e incluso la muerte. Ninguna disputa dentro del aparato de poder es equiparable a la represión sufrida por los ciudadanos que nunca formaron parte de ese mismo aparato”, escribió Hernández.

“Defender el debido proceso y rechazar cualquier detención arbitraria es un principio universal. Nadie debería ser encarcelado sin garantías. Pero preservar la categoría de “preso político” también implica necesariamente cuidar su significado histórico, jurídico y sobre todo moral”, agregó.

“El rigor en la metodología y la claridad en los criterios no solo protegerán la verdad también protegerían la confianza construida con tanto esfuerzo que no se debería de poner en riesgo por un razones de índole ideológicas”, publicó.

El opositor Alex Aguirre, dijo a 100 % Noticias que "priorizar un caso intra régimen siembra un mal precedente, un terrible precedente que desvirtúa futuras demandas de justicia transicional, confunde el universo de víctimas, enturbia listados y estadísticas y debilita eventuales casos penales internacionales centrados en la cadena de mando del estado partido", opinó.

"Mi llamado es a la CIDH, a la Corte y DH, a OACNU, al GHREN, que han sido esenciales para visibilizar violaciones y proteger personas, que los mecanismos no deben usarse para reetiquetar figuras responsables o corresponsables de la maquinaria de represión como víctimas cuando caen en desgracia dentro del mismo régimen. Eso vulnera el principio pro víctima y la finalidad de no repetición", enfatizó.

Argumentos a favor

Por su parte, Yader Morazán, ex funcionario judicial, defendió la aplicación de los criterios del mecanismo “los criterios del Mecanismo son claros: se reconoce como preso político si se verifica al menos uno de ellos, como detención por ejercer derechos fundamentales aunque sea de manera interna o privada (expresión, asociación, etc.), violaciones graves al debido proceso (juicios sin defensa real, incomunicación prolongada, audiencias opacas), motivación política en la persecución (incluso purgas internas), o irregularidades como allanamientos sin orden y aislamiento inhumano”.

“Oponerse a incluirlo solo porque "no nos cae bien" o "fue parte del sistema" sería caer en la misma arbitrariedad que criticamos al régimen: decidir quién merece derechos según simpatías o ideologías, en vez de "por ley, la justicia y el derecho". Y ojo, reconocerlo como preso político no borra posibles crímenes ni implica impunidad; solo significa que, si hubo delito, debe juzgarse con reglas justas, no con venganza selectiva”, opinó.

“La justicia no es revancha: si nos comportamos como lo que repudiamos, perdemos el argumento moral para cuestionar a los dictadores”, escribió Morazán.

Debate sobre el concepto de “preso político”

Alejandro Moraga, opositor originario de Niquinohomo, Masaya, también se sumó al debate “cuestionar la categorización de alguien como preso político no nos pone al nivel del régimen. Al contrario, demuestra que queremos rigor y coherencia. Los criterios europeos exigen demostrar motivación política clara en la detención, no solo irregularidades procesales. En un sistema autoritario casi todos los procesos son defectuosos”.

“No es lo mismo ser perseguido por oponerse al poder que ser desplazado dentro del mismo aparato que uno ayudó a construir. Si no diferenciamos eso, diluimos el concepto de preso político y terminamos trivializando el sufrimiento de quienes fueron encarcelados por ejercer derechos fundamentales”, cuestionó

La designación evidencia las tensiones dentro de la oposición sobre la definición y el alcance del término “preso político”, una categoría que, desde 2018, ha tenido un peso central en la denuncia de la represión en Nicaragua.