Murillo cita a religiosos extranjeros para reforzar lealtades paraestatales

Rosario Murillo afirmó este miércoles que el Ministerio del Interior mantiene encuentros periódicos con religiosos extranjeros que viven y trabajan en Nicaragua, en lo que presentó como una iniciativa para promover “paz y bienestar” en el país. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la escalada de medidas de presión, expulsiones y restricciones contra la Iglesia Católica y líderes religiosos críticos del régimen Ortega-Murillo.

“Desde el Ministerio del Interior se realizan encuentros… cada mes, cada dos meses, con religiosos, religiosas… no nacionales que viven y trabajan en Nicaragua promoviendo paz y bien”, declaró Murillo. Añadió que “hoy y mañana como corresponde a ese periodo estarán reunidos y sobre todo conversando cómo trabajar mejor desde el mandamiento cristiano de amarnos unos a los otros para promover paz, y derecho, paz y bienestar”.

El discurso oficial, centrado en valores cristianos y reconciliación, ocurre en un contexto en el que organizaciones especializadas han advertido que el régimen ha desarrollado una estrategia de acercamiento selectivo hacia sectores religiosos considerados afines, mientras mantiene represión y control sobre líderes independientes.

Entre las acciones más recientes se encuentra la expulsión del sacerdote nicaragüense José Concepción Reyes Mairena. El religioso fue retenido e interrogado por funcionarios de Migración y Extranjería en el aeropuerto internacional de Managua cuando intentaba ingresar al país, pero le negaron el ingreso y lo devolvieron a España.

La investigadora Martha Patricia Molina indicó que con este caso la cifra de religiosos forzados a salir del país o impedidos de regresar se elevó a 309, lo que refleja un patrón sostenido de hostigamiento institucional.

Según el Reporte Anual 2025 del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, “el régimen nicaragüense también buscó proyectar una imagen de cercanía con determinados sectores religiosos, organizando actos públicos y favoreciendo a algunas iglesias del sector evangélico consideradas ‘leales’, con el fin de deslegitimar a otros líderes religiosos y fragmentar el campo religioso”.

El informe sostiene que esta línea de acción “apunta a la construcción de expresiones religiosas paraestatales, subordinadas a los intereses políticos del gobierno, y refuerza el uso instrumental de la religión como mecanismo de control social”.

El mismo reporte advierte que la reciente reforma constitucional ha reforzado “un entramado normativo represivo desde el más alto nivel jurídico del Estado”, con lo cual, asegura, se institucionalizó el control del régimen sobre la vida social y religiosa, al tiempo que se justificó “la represión organizada contra voces religiosas críticas o independientes”.

Además, el documento señala que el Estado ha sostenido una estrategia de manipulación de símbolos y lenguaje religioso “con el fin de ganar legitimidad ante una población mayoritariamente creyente”.

En paralelo, el Observatorio documenta un “amplio abanico de mecanismos represivos”, entre ellos “arrestos arbitrarios, investigaciones penales sin fundamento, pérdida de nacionalidad, expulsión y destierro de líderes religiosos, prohibición de ingreso al país”, así como restricciones al culto dentro y fuera de los templos.

A ello se suma, según el reporte, “el cierre masivo de organizaciones religiosas, la cancelación de personerías jurídicas y la confiscación de bienes e inmuebles”, lo que ha afectado directamente la capacidad operativa y pastoral de comunidades de fe.

Finalmente, el informe concluye que en Nicaragua se consolidó “un modelo de control más silencioso y estructural”, basado en vigilancia permanente, hostigamiento administrativo, presión económica, restricciones a manifestaciones públicas de fe y la amenaza constante de sanciones legales.