Renuncian a dos magistrados de Sala Penal Especializada en Violencia

Dos magistrados de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), habrían sido obligados a presentar su “renuncia”, según denunció el activista nicaragüense y licenciado en Derecho especializado en Administración de Justicia, Yader Morazán.

“Continúan reportándose ‘enfermedades’ entre magistrados del extinto Poder Judicial…la plaga Chamuca exterminó lo que quedaba de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM): los magistrados Juan Francisco Vega Reyes y Sergio Martín Palacios Pérez han sido obligados a ‘renunciar’, sumándose a otros casos recientes del sistema de in-justicia”, escribió Morazán en su cuenta en la red social X.

De acuerdo con el activista, ambos funcionarios habían sobrevivido a la intervención policial de octubre de 2023, hecho que marcó el inicio de una purga masiva dentro del entonces Poder Judicial, caracterizada por destituciones arbitrarias y presiones internas.

Morazán señaló que la Sala Penal Especializada en Violencia estaba integrada también por la magistrada Adda Benicia Vanegas Ramos, a quien identificó como sobrina de la aún desaparecida presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos.

Indicó que los tres magistrados fueron electos mediante concursos de oposición y mérito realizados entre 2012 y 2013, supervisados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuando existía un proceso de selección de magistrados especializados y no designados.

Sobre los perfiles, Morazán detalló que Juan Francisco Vega Reyes, conocido como “Paco Vega”, fue teniente primero de la DGSE en sus años iniciales y exguerrillero.

“Fue becado por Nelson Artola para estudiar derecho y posteriormente le financió la maestría con recursos de la Alcaldía. Además de ser juez de la ciudad de Matagalpa antes de su ascenso a magistrado”, relató.

En el caso de Sergio Martín Palacios Pérez, indicó que es retirado del Ejército y cuenta con una extensa trayectoria militar y judicial. Fue presidente de la Sala en 2018 y, según Morazán, inició en el sistema judicial ocupando cargos de menor rango hasta escalar progresivamente, además de desempeñarse como capacitador de funcionarios judiciales.

El activista afirmó que ambos magistrados acumulaban décadas de servicio vinculadas al sandinismo.

“Participaron en la guerra, militancia en estructuras de seguridad, tendidos electorales, y ascensos en la carrera judicial desde los años 90, con capacitación especializada en temas de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, estos antecedentes no han impedido que enfrenten la misma ‘situación de salud’ que otros, donde los obligan a firmar cartas de renuncias (en esta ocasión bajo presión)”, sostuvo de acuerdo a sus fuentes judiciales.

Morazán, quien fue despojado de su nacionalidad por el régimen sandinista, sostuvo que “ni la lealtad prolongada, ni la trayectoria política, ni la historia de sacrificios, ni el servilismo al sistema garantizan protección o estabilidad”. Añadió que incluso quienes han mantenido fidelidad al sistema terminan siendo afectados por las actuales dinámicas de poder.

En su publicación, mencionó el caso del exjuez de Violencia Edén Aguilar, quien condenó por “delito sexual” al monseñor Rolando Urbina, de Boaco, y posteriormente fue separado de su cargo. “Perdón, ‘renunciado’”, ironizó.

Impacto en víctimas de violencia

Morazán advirtió que estas salidas tendrían repercusiones directas en mujeres víctimas de violencia.

Explicó que la Sala Especializada atendía apelaciones con magistrados seleccionados por mérito y capacitados en perspectiva de género, protocolos de atención integral y aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Según su valoración, la ausencia de intromisiones externas permitía resoluciones más sensibles y especializadas en casos de violencia de género y justicia penal adolescente.

“Con estos cambios forzados, purgas y ‘enfermedades’ repentinas, la calidad y especialización en la atención a víctimas se deteriora cada vez más, dejando a muchas mujeres en mayor vulnerabilidad ante un sistema cada vez más politizado, inestable y mediocre”, expresó.

Desde la intervención al Poder Judicial en octubre de 2023, se han reportado múltiples renuncias atribuidas oficialmente a motivos de salud.

Entre los casos mencionados por fuentes judiciales y denunciados por operadores críticos del sistema figuran magistrados y jueces que dejaron sus cargos entre finales de 2023 y 2024 bajo el mismo argumento.