Trasladan Dirección de Minas a la Procuraduría para evadir sanciones de EEUU

Con 91 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, aprobó la Ley para Adscribir la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia, una reforma que cambia la institución encargada de administrar concesiones mineras y licencias de explotación en el país.

La nueva normativa modifica la Ley No. 1259, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, para incorporar formalmente a la Dirección General de Minas como una instancia adscrita a esa institución, a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

El texto aprobado establece que la Dirección General de Minas tendrá facultades para administrar el uso y explotación de minas y canteras mediante concesiones y licencias, coordinar y administrar el sistema de catastro minero, tramitar solicitudes, negociar términos, otorgar permisos y también suspenderlos o cancelarlos en caso de incumplimientos.

Además, la ley reforma la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, redefiniendo funciones del Ministerio de Energía, que a partir de estas reformas queda separado de la administración minera. También modifica la Ley No. 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, para que la autoridad de aplicación ya no sea el Ministerio de Energía y Minas, sino la Dirección General de Minas adscrita a la Procuraduría.

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Uno de los puntos centrales de la reforma es el traspaso de recursos. La ley ordena transferir a favor del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia, todos los recursos presupuestarios, financieros, patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas que estaban asignados a la Dirección General de Minas en el Ministerio de Energía y Minas o sus dependencias.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten que la medida no responde a un objetivo técnico ni institucional, sino a una estrategia política y financiera para evadir sanciones internacionales y concentrar más poder sobre el negocio minero.

El ambientalista Amaru Ruiz declaró a 100% Noticias que el traslado representa “una aberración jurídica”, y sostuvo que una de las motivaciones principales es “capear” las sanciones impuestas a la Dirección General de Minas.

“Mira, efectivamente lo que están haciendo en primer lugar, es pasando la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia, una cosa que es una aberración jurídica… una de las razones por la que están haciendo eso es para tratar de evadir las sanciones”, afirmó Ruiz.

Según el ambientalista, la Dirección General de Minas como institución está sancionada por Estados Unidos, lo que afecta las transacciones con actores privados, especialmente aquellos que exportan hacia ese país. En ese escenario, trasladar la institución a la Procuraduría permitiría que el régimen opere bajo una entidad que, al menos por ahora, no está sancionada por Washington.

Ruiz explicó que este cambio podría reducir el riesgo de que empresas privadas vinculadas al sector minero sean alcanzadas por sanciones secundarias al realizar transacciones con una institución señalada internacionalmente.

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Además del componente financiero, el ambientalista advirtió que la reforma busca reforzar el control político sobre las decisiones estratégicas de concesión minera, un sector que en los últimos años ha sido señalado por el crecimiento acelerado de licencias y por conflictos socioambientales en distintos territorios.

“Es para tener un mayor control de las decisiones que toma la Dirección General de Minas. Si ya de por sí han facilitado una serie de condiciones para habilitar nuevas concesiones a sus concesionarios socios, que son los chinos, pues ahora… posiblemente presionar a los viejos actores mineros para que se deshagan de las concesiones y estas nuevas concesiones otorgárselas a su socio chino”, sostuvo Ruiz.

La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, momento en el que el traspaso institucional quedará formalizado.