Transparencia Internacional: Nicaragua es el segundo país más corrupto de América
Nicaragua cayó a 14 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 y se consolida entre los países más corruptos del mundo. Transparencia Internacional advierte que la corrupción está dañando la vida de las personas y debilitando la democracia en toda América
Nicaragua volvió a figurar entre los países con peor desempeño en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado este martes por Transparencia Internacional. El país obtuvo apenas 14 puntos sobre 100, una calificación considerada crítica que lo coloca como el segundo más corrupto de América, solo por encima de Venezuela (10), y dentro del grupo de los 10 Estados más corruptos a nivel global.
El dato confirma un deterioro sostenido de la transparencia pública y de los mecanismos de rendición de cuentas en Nicaragua, en un contexto marcado por la concentración de poder del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el cierre del espacio cívico y la cooptación de instituciones estatales.
Transparencia Internacional advierte que la corrupción no solo se mide como un problema administrativo, sino como un fenómeno que impacta directamente la vida de las personas. En el caso nicaragüense, el puntaje de 14 refleja instituciones debilitadas o capturadas, represión sistemática y redes de corrupción arraigadas que, según el informe, suelen prosperar donde la ciudadanía carece de herramientas para fiscalizar y denunciar.
El IPC 2025 evalúa a 182 países y territorios, con una escala que va de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente). El promedio regional de las Américas se mantuvo estancado en 42 puntos, sin avances significativos en más de una década. En ese escenario, Nicaragua aparece junto a Haití (16) y Venezuela (10) como uno de los casos más extremos de retroceso institucional.
El informe destaca que países con instituciones fallidas o cooptadas, como Nicaragua, continúan luchando contra la corrupción estructural y el avance de redes criminales. Además, subraya que la corrupción alimenta el crimen organizado, erosiona la democracia, debilita los servicios públicos y deteriora los derechos humanos.
Aunque el índice mide percepciones sobre corrupción en el sector público, Transparencia Internacional señala que el patrón en los países con puntajes más bajos suele estar acompañado por represión política, debilitamiento de la independencia judicial y ataques contra organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y denunciantes.
El caso nicaragüense se ubica precisamente dentro de ese perfil. La falta de supervisión independiente y el cierre de espacios para el periodismo crítico y la sociedad civil han sido factores que, de acuerdo con la organización, permiten que la corrupción se vuelva sistémica y difícil de revertir.
A nivel global, Transparencia Internacional advierte que la corrupción está empeorando incluso en democracias consolidadas. El promedio mundial cayó también a 42 puntos, su nivel más bajo en más de una década. En este contexto, el informe resalta que el número de países con puntuaciones superiores a 80 se redujo drásticamente en los últimos diez años, lo que evidencia un declive general de liderazgo anticorrupción.
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En el caso de Nicaragua, el deterioro es parte de una tendencia de largo plazo. Transparencia Internacional señala que desde 2012 varios países han sufrido descensos significativos, y Nicaragua figura entre los casos más graves, junto con Turquía y Hungría. Estas caídas, indica el informe, reflejan un debilitamiento estructural de los mecanismos de integridad pública, alimentado por retroceso democrático, fragilidad institucional y redes clientelares profundamente arraigadas.
En contraste, los países con mejor desempeño en las Américas son Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68), lo que evidencia una brecha regional marcada entre democracias con instituciones funcionales y países donde el Estado ha sido capturado por estructuras autoritarias.
El informe señala que para frenar la corrupción se requiere proteger libertades fundamentales, garantizar un poder judicial independiente, fortalecer la cooperación internacional y aumentar la transparencia en contrataciones públicas. En países como Nicaragua, donde el control estatal se ha intensificado, estas recomendaciones se convierten en un desafío mayor, pero también en un indicador claro de lo que hoy está ausente.
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