OEA condena por aclamación graves violaciones de DDHH en Nicaragua, en medio de presión de EEUU

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó por aclamación una resolución a favor del pueblo de Nicaragua que condena de forma contundente las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades nicaragüenses, tanto dentro del país como contra ciudadanos que se encuentran en el exilio. La sesión se da en medio de fuertes presiones de Estados Unidos hacia el régimen Murillo Ortega tras la extracción del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La resolución, adoptada con amplio respaldo diplomático, denuncia un patrón sistemático de abusos que incluye exilio forzado, expatriación, tortura y tratos crueles, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, confiscación injusta de bienes y propiedades, así como la eliminación de registros de identidad oficiales y la negación de pasaportes. El texto también señala la prohibición de ingreso al propio país, el impedimento de la reunificación familiar y la destrucción de documentos oficiales como parte de una política de persecución estatal.

El Consejo Permanente advierte que estas prácticas, documentadas en informes recientes del Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, la resolución insta al Estado nicaragüense a poner fin de inmediato a todas las violaciones de derechos humanos y a liberar sin condiciones a las personas detenidas injustamente o sometidas a arresto domiciliario por razones políticas.

Uno de los puntos centrales del documento exige la liberación de personas cuyo paradero se desconoce y de aquellas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Consejo insta a Nicaragua a restablecer los controles democráticos, la independencia de poderes y el Estado de derecho, condiciones que considera esenciales para una salida a la crisis política y social.

La resolución también hace un llamado expreso a restablecer el espacio cívico y a poner fin a las represalias contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos críticos. En ese sentido, exige el respeto pleno de las libertades fundamentales consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales suscritos por Nicaragua.

En materia de justicia, el Consejo Permanente insta al Estado nicaragüense a adoptar medidas efectivas para garantizar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, así como a poner fin a la impunidad que rodea las graves violaciones documentadas desde 2018. La resolución subraya que sin rendición de cuentas no es posible avanzar hacia una reconciliación genuina ni hacia la recuperación de las instituciones democráticas.

El texto aprobado también toma nota de las resoluciones de la Corte IDH que extienden medidas de protección a personas en riesgo, incluidos nicaragüenses fuera del país. En ese marco, insta a los Estados miembros de la OEA a considerar estas decisiones al evaluar solicitudes de asilo, protección internacional o eventuales transferencias de personas, reforzando el compromiso regional con la defensa de los derechos humanos.

Además, el Consejo solicita a la CIDH que continúe el seguimiento cercano de la situación en Nicaragua a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, conocido como MESENI, e informe periódicamente sobre la evolución de los abusos y sobre posibles violaciones derivadas de acciones del Estado nicaragüense fuera de su territorio.

Otro aspecto relevante de la resolución es la recomendación a la CIDH para que analice el presunto uso indebido por parte de Nicaragua de mecanismos de cooperación jurídica internacional, incluyendo alertas y solicitudes que podrían estar siendo utilizadas con fines de persecución política, tomando en cuenta información proporcionada por organismos internacionales especializados.

El Consejo Permanente reiteró su llamado a que Nicaragua entable un diálogo constructivo con la comunidad internacional, tanto a nivel bilateral como multilateral, para poner fin a la represión y avanzar hacia la restauración de la democracia. En ese sentido, reafirmó la disposición de la OEA y de sus Estados miembros para apoyar esfuerzos de diálogo y transición democrática, e instó formalmente al Estado nicaragüense a regresar al organismo regional conforme a la Carta de la OEA y a los principios de la Carta Democrática Interamericana.