HWR: Ortega profundizó su autoritarismo en Nicaragua con reformas que concentran el poder

Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua profundizó su deriva autoritaria mediante reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo y el endurecimiento de la represión contra la disidencia, advirtió este miércoles Human Rights Watch (HRW).

En su informe anual, la organización señala que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, gobierna junto a Murillo —designada ahora “copresidenta” tras una reforma constitucional— y ha intensificado la persecución incluso contra críticos en el exilio, mientras continúa el desmantelamiento de ONG, medios de comunicación y derechos de pueblos indígenas.

“Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes”, subraya HRW.

Según el informe, en enero del año pasado la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— aprobó enmiendas que nombraron a Murillo copresidenta y facultaron a la Presidencia para “coordinar” los poderes Judicial y Legislativo. HRW recuerda además que en 2014 se abolieron los límites a la reelección presidencial.

La organización denuncia que en 2025 la represión se amplió incluso a simpatizantes del propio gobierno y que hasta octubre se contabilizaban al menos 77 presos políticos. En agosto, el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso murieron bajo custodia tras semanas de desaparición forzada, elevando a seis las muertes en detención desde 2019.

Pérdida de nacionalidad y exilio forzado
HRW advierte que la nueva Constitución permite revocar la nacionalidad a personas acusadas de “traición”, dando cobertura legal a una práctica iniciada en 2023. Al menos 452 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su ciudadanía y confiscados sus bienes.

Más de 200 miembros del clero católico han sido forzados al exilio, deportados o se les ha impedido reingresar al país desde 2022. Entre 2018 y mediados de 2025, 293 periodistas huyeron de Nicaragua, la segunda cifra más alta de la región.

El informe recoge además conclusiones de expertos de la ONU que alertan sobre vigilancia, acoso y ataques contra críticos en el extranjero. Recuerda el asesinato en junio de Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército y crítico del régimen, en San José, Costa Rica, tras recibir amenazas vinculadas a agentes de seguridad nicaragüenses. Desde 2018, al menos siete críticos en el exilio han sido asesinados o agredidos.

Crímenes de lesa humanidad

En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó por dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que en septiembre pidió mecanismos de protección para exiliados e investigaciones sobre la dimensión transnacional de las amenazas.

Ese grupo ha hallado motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, deportación forzada y persecución política, e instó a los Estados a considerar acciones ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a convenciones sobre apatridia.

Considera además que, desde 2018, ningún organismo internacional de derechos humanos ha podido ingresar a Nicaragua, mientras el gobierno se aísla de la supervisión multilateral. EFE