Consejo Permanente de la OEA sesiona este 4 de febrero para aprobar resolución sobre Nicaragua
El Consejo Permanente de la OEA sesiona este 4 de febrero para debatir y someter a votación una resolución sobre Nicaragua en la que vuelve a condenar al régimen por los abusos cometidos contra nicaragüenses dentro y fuera del país y reiterar el llamado a entablar "diálogos constructivos" con la comunidad internacional para poner fin a la impunidad y recuperar la institucionalidad democrática
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sesiona este miércoles para debatir y someter a aprobación el proyecto de resolución titulado “Seguimiento de la situación en Nicaragua”, una iniciativa impulsada por un bloque de países que busca mantener la presión política y diplomática sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la persistente crisis de derechos humanos.
El proyecto fue presentado por las misiones permanentes de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y República Dominicana, y se sustenta en los principales instrumentos del sistema interamericano, incluida la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya vigencia —subraya el texto— se mantiene plenamente sobre Nicaragua.
Preocupación sostenida por la deriva autoritaria
100% Noticias tuvo acceso a un borrador del proyecto de resolución que expresa una profunda preocupación por el deterioro institucional y la impunidad en Nicaragua, documentados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Uno de los puntos más sensibles del documento es la alarma por la expansión transnacional de la represión, incluyendo el presunto uso indebido de notificaciones rojas de INTERPOL, alertas migratorias falsas y la manipulación de normativas financieras para perseguir a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos fuera del país.
El texto también cuestiona reformas legales recientes que restringen aún más la libertad de expresión y eliminan referencias explícitas a la prohibición de la tortura y al respeto a la dignidad humana, lo que —según el proyecto— contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado nicaragüense.
Condena, exigencias y llamado al retorno
En su parte resolutiva, el Consejo Permanente propone condenar las graves violaciones de derechos humanos, muchas de las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y urge a Nicaragua a liberar de manera incondicional a todas las personas detenidas por razones políticas, incluidas aquellas bajo arresto domiciliario o cuyo paradero se desconoce.
Asimismo, exhorta al restablecimiento del Estado de derecho, la independencia de poderes, el espacio cívico y el pleno respeto de las libertades fundamentales. El proyecto también pide garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y poner fin a la impunidad.
En línea con una estrategia de gobernanza multilateral, la resolución solicita a la CIDH mantener un monitoreo estrecho y sistemático de la situación en Nicaragua, incluyendo las violaciones cometidas fuera del territorio nacional, e insta a los Estados miembros a considerar las medidas provisionales de la Corte IDH al evaluar solicitudes de asilo y protección internacional.
Finalmente, el texto reitera el llamado a Nicaragua a retomar el diálogo con la comunidad internacional y a retornar a la OEA, dejando claro que la organización mantiene la puerta abierta para facilitar ese proceso, siempre que exista voluntad política real de cumplir con los estándares democráticos y de derechos humanos.
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