Declaran culpable a Bayardo Arce por lavado de activos y defraudación millonaria al Estado

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró culpable a Bayardo Arce Castaño por un millonario esquema de lavado de activos y defraudación al Estado, según consta en la Sentencia N.° 01-2026, divulgada por la Procuraduría General de Justicia.

De acuerdo con el fallo, también fue declarado responsable Ricardo Bonilla Castañeda. La resolución fue difundida en un documento de cinco páginas a través de canales afines al régimen, reforzando la versión oficial del caso.

“Se declara la responsabilidad penal de los acusados Bayardo Arce Castaño y Ricardo Bonilla Castañeda; por el delito de Lavado de Activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua, conforme a los artículos 282 y 283 del Código Penal reformado y legislación especial aplicable”, señala textualmente la sentencia.

Según el documento judicial, los acusados “participaron de forma concertada y continuada en un esquema estructurado de ocultamiento, administración y circulación de fondos de origen ilícito, provenientes de defraudación tributaria, utilizando múltiples sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras destinadas a disimular el origen y destino del dinero, afectando gravemente la transparencia del sistema financiero nacional y los intereses patrimoniales del Estado”.

Estructura del esquema ilícito

La resolución detalla que los recursos ilícitos fueron manejados mediante varias modalidades, entre ellas:

Uso de testaferros: Reclutamiento de empleados y terceros para figurar como socios de empresas fachada, bajo la dirección de Bayardo Arce Castaño y Ricardo Bonilla Castañeda, con el objetivo de ocultar a los verdaderos beneficiarios.

Ingeniería societaria ilícita: Identificación de 49 sociedades, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos derivados de una evasión fiscal sistémica.

Lavado de dinero: Estratificación de fondos mediante préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

El fallo subraya que “las conductas acreditadas no constituyen hechos aislados, sino una operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos que los acusados produjeron hasta por USD 2,713,583,217 y C$82,344,806,790, configurando de manera plena el tipo penal de Lavado de Activos en perjuicio del Estado”.

Cancelación de sociedades y decomiso de bienes

En cuanto a las medidas resarcitorias, la sentencia establece que, “por el daño ocasionado dolosamente al patrimonio de la Nación”, el órgano jurisdiccional ordenó, en cumplimiento de la Ley N.° 735, las siguientes acciones:

Cancelación de sociedades mercantiles 

Decomiso de bienes

Finalmente, la resolución indica que “también han sido identificados dentro del entramado los señores Amelia Ybarra y Amílcar Manuel Ybarra, ambos hermanos, como coautores del delito de Lavado de Activos en la modalidad de defraudación al Estado”. Según el documento, los hermanos Ybarra se encuentran prófugos de la justicia, por lo que la causa judicial en su contra permanece abierta, conforme a la legislación procesal penal vigente.

Cuestionamientos al debido proceso

Sin embargo, fuentes en el exilio de la familia de Bayardo Arce sostuvieron al medio Confidencial que el exasesor presidencial nunca fue sometido a un juicio formal durante los seis meses que permaneció detenido en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo.

“No se ha presentado ni un solo cargo en su contra. No hay proceso legal, es absolutamente nulo. Se han vulnerado todos sus derechos: no ha habido debido proceso, ni presunción de inocencia, ni derecho a la defensa, ni representación legal. No ha habido absolutamente nada. Fue un secuestro, tal cual”, afirmó la familia desde el exilio en declaraciones al diario El País.

El medio Divergentes también tuvo acceso al sistema Nicarao, la base de datos oficial del Poder Judicial de Nicaragua donde se registran todas las causas judiciales del país, y constató que Bayardo Arce no figura con ningún proceso penal activo, ni con antecedentes de juicio vinculados a lavado de dinero o defraudación fiscal.

La ausencia de registros en esta plataforma oficial refuerza la versión de la familia, que sostiene que el exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN nunca fue sometido a un proceso judicial previo a la condena anunciada públicamente por el régimen copresidencial.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, que también hablaron con Confidencial desde el exilio, Arce “intentó comunicarse incansablemente con los ‘copresidentes’, a través de los canales que él manejaba, principalmente por correo electrónico”. Sin embargo, “en ningún momento hubo respuesta”.

“Si leyeron los mensajes, básicamente no lo quisieron escuchar o lo quisieron ignorar”, comentó una de las fuentes.

Las mismas fuentes señalaron que la familia de Arce en Nicaragua se mantiene en silencio forzado debido a “una serie de hechos, lamentablemente no atípicos en el país”, entre ellos violencia constante, intimidación, acoso, persecución y abusos de poder dirigidos contra varios de sus miembros.

Además, advirtieron que existe un temor permanente a represalias directas contra Arce dentro del sistema penitenciario. “Hay miedo a tortura e incluso a que le quiten la vida”, afirmó una de las fuentes consultadas.