Régimen transfiere terrenos al INVUR para urbanizaciones de interés social

El régimen de Nicaragua autorizó el traspaso y la donación de dos propiedades estatales al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) para la ejecución de proyectos de viviendas de interés social en Managua y Rivas, según los Acuerdos Presidenciales No. 11-2026 y 12-2026, publicados en La Gaceta, Diario Oficial.

Ambos acuerdos fueron suscritos por la Presidencia de la República, encabezada por Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, y facultan a la Procuradora General de Justicia para formalizar, ante la Notaría del Estado, los actos jurídicos necesarios para transferir los inmuebles a favor del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural.

El Acuerdo Presidencial No. 11-2026 autoriza el traspaso de una propiedad estatal ubicada en el municipio de Managua, destinada a la construcción de un proyecto de urbanización integral. De acuerdo con el documento oficial, el objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna y mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses. El inmueble está debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del departamento de Managua bajo un número absoluto de propiedad específico.

Por su parte, el Acuerdo Presidencial No. 12-2026 establece la donación de un bien inmueble localizado en el barrio El Rosario, en el municipio y departamento de Rivas. Esta propiedad será utilizada para desarrollar un proyecto habitacional de viviendas de interés social en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, según detalla el texto oficial.

En ambos casos, los acuerdos autorizan a la Co-Directora del INVUR a someter ante la Junta Directiva de la institución la aceptación formal de los bienes inmuebles. Asimismo, se faculta al INVUR para ejecutar los proyectos habitacionales, incluyendo la posibilidad de enajenar, constituir garantías reales, realizar desmembraciones y otorgar títulos de dominio a los beneficiarios finales de las viviendas.

Los documentos también establecen que la Procuradora General de Justicia podrá incorporar cláusulas contractuales destinadas a salvaguardar los intereses del Estado y realizar todos los actos administrativos, notariales y registrales requeridos por la legislación nacional.

Ambos acuerdos entran en vigencia a partir de su publicación oficial.