Asamblea Nacional elimina la doble nacionalidad para nicaragüenses, aprobada en segunda legislatura

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en segunda legislatura la reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad para los ciudadanos nicaragüenses, una medida impulsada directamente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La reforma fue aprobada con 90 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, según anunció el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, tras la votación en lo general de la iniciativa de ley que modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

El proyecto fue enviado por Ortega y Murillo y leído íntegramente ante el plenario por la diputada Raquel Dixon, quien expuso los argumentos oficiales para la eliminación de la doble nacionalidad, basados en un discurso de nacionalismo, soberanía y lealtad exclusiva al Estado nicaragüense.

Según la exposición de motivos, la nacionalidad es definida como un “pacto sagrado de lealtad” y no como un simple trámite administrativo. El texto sostiene que “quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua”, y establece que “no puede existir doble fidelidad”.

La iniciativa afirma que Nicaragua, como Estado soberano, tiene el derecho de impedir que su ciudadanía sea utilizada por intereses extranjeros, y recurre a una narrativa histórica que exalta la figura de Augusto César Sandino como símbolo de lucha antiimperialista. En ese contexto, el régimen plantea que la eliminación de la doble nacionalidad reafirma la independencia y autodeterminación del país.

Con la reforma aprobada, el artículo 23 de la Constitución establece ahora que los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, con excepción de los centroamericanos. Asimismo, se mantiene el derecho de los centroamericanos de origen residentes en Nicaragua a optar por la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la propia.

El cambio más significativo recae en el artículo 25, que anteriormente garantizaba que “la calidad de nacional no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”. Con la reforma, el nuevo texto establece de forma explícita que “los nicaragüenses perderán su nacionalidad al momento de adquirir otra nacionalidad”.

Antes de esta reforma parcial, la Constitución reconocía la posibilidad de la doble nacionalidad, regulada por tratados internacionales y el principio de reciprocidad. Además, solo contemplaba la pérdida de la nacionalidad en casos de “traición a la patria”, una figura que en los últimos años ha sido utilizada por el régimen para justificar la desnacionalización de opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y exiliados políticos.

La nueva reforma amplía de facto esa política, al convertir la adquisición de otra nacionalidad en una causal automática de pérdida de la ciudadanía nicaragüense, lo que afecta directamente a miles de migrantes que han optado por naturalizarse en otros países, principalmente en Estados Unidos, Costa Rica y España.

Durante la lectura del proyecto, el texto oficial sostuvo que “ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación”, y concluye que “quien elija otra bandera renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino, única, indivisible y revolucionaria”.

La reforma entrará en vigencia una vez sea publicada en La Gaceta, Diario Oficial.