Putin y Ortega sellan tratado que expertos alertan podría usarse contra disidentes

El nuevo tratado que el presidente ruso, Vladímir Putin, que autoriza a firmar con el régimen de Daniel Ortega desató una ola de preocupación entre analistas, activistas y opositores nicaragüenses. Aunque el documento se presenta de forma oficial como un acuerdo de extradición y de colaboración para el cumplimiento de condenas penales, especialistas advierten que su alcance podría ir mucho más allá del ámbito judicial, insertándose en una alianza política y represiva entre dos gobiernos señalados por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos.

El excarcelado político y opositor nicaragüense Félix Maradiaga advirtió que la firma del tratado encaja dentro de un patrón claro: el cierre del cerco contra las disidencias. Según expresó, cuando dos regímenes autoritarios aprueban un acuerdo de extradición, el asunto más sensible no son los delitos comunes, sino los casos políticos. 

A su criterio, este marco podría permitir que opositores rusos que transiten por Nicaragua sean enviados a Moscú y que disidentes nicaragüenses que se encuentren en Rusia sean deportados a Managua. En su análisis, se trataría de una pieza más en el engranaje de cooperación represiva entre ambos gobiernos.

Maradiaga subrayó que este tratado debe entenderse dentro de un contexto geopolítico más amplio. Afirmó que Nicaragua no está recibiendo inversión productiva, transferencia tecnológica ni beneficios económicos sustantivos de Rusia. Lo que existe, dijo, es una relación servil en la que el régimen sandinista actúa como socio menor de la agenda geopolítica de Moscú y Pekín. 

Recordó que algo similar ocurrió en los años 80, cuando la decisión del sandinismo de alinearse con la Unión Soviética colocó al país en el centro de la Guerra Fría, con consecuencias profundas para la estabilidad nacional. Repetir ese patrón, advirtió, es especialmente peligroso en un momento en el que Europa vive una guerra activa y la tensión global se incrementa.

El opositor mencionó que, en una reunión sostenida en Oslo con aliados internacionales, se discutió la creciente preocupación sobre la injerencia rusa en América Latina. En ese espacio, destacó que la consolidación del eje entre Ortega y Putin no es solo un asunto interno de Nicaragua, sino un factor que afecta la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental. Por ello, señaló que el tratado debe interpretarse como una alerta para las fuerzas democráticas dentro y fuera del país, pues las dictaduras están coordinando cada vez más sus mecanismos de represión, y la respuesta democrática debe ser coordinada, seria y sostenida para evitar que Nicaragua vuelva a quedar atrapada en conflictos geopolíticos que su población no elige.

En paralelo, un abogado consultado bajo anonimato explicó que, en teoría, el tratado de traslado de personas condenadas permitiría que ciudadanos rusos sentenciados en Nicaragua cumplan su pena en Rusia, y que nicaragüenses condenados en Rusia sean enviados a Nicaragua para cumplirla en su país de origen. Sin embargo, enfatizó que la preocupación principal no radica en los fines declarados del acuerdo, sino en su potencial uso político. Señaló que es indispensable analizar la aplicación real del tratado, pues podría convertirse en un mecanismo para evitar juicios internacionales, obstaculizar solicitudes de asilo o facilitar persecución transnacional.

La activista política nicaragüense Alexa Zamora coincidió en que este tipo de tratados puede ser utilizado como herramienta de persecución, aunque aclaró que el documento no implica necesariamente que presos políticos nicaragüenses serían enviados a Rusia o viceversa. En su análisis, el acuerdo más bien responde a una estrategia de control trasnacional entre ambos gobiernos, en un contexto de crecientes acercamientos diplomáticos y militares. Mencionó que estos tratados pueden servir para anticipar posibles deserciones de ciudadanos rusos en Nicaragua o de nicaragüenses enviados a Rusia bajo misiones diplomáticas o programas de intercambio.

A nivel formal, el decreto publicado por el gobierno ruso autoriza la firma de dos instrumentos: un tratado de extradición y otro de cooperación para el cumplimiento de condenas penales. Según el documento, la extradición será procedente cuando existan delitos contemplados por ambas legislaciones y cuyas penas sean de al menos un año de prisión. El tratado sobre cumplimiento de condenas busca que los reclusos puedan finalizar sus sentencias en su país de origen, bajo su propio sistema penitenciario.

Sin embargo, expertos señalan que la interpretación del tratado debe considerar la arquitectura política de Nicaragua y Rusia. Ambos gobiernos han sido señalados por organismos internacionales, como la ONU y la Unión Europea, por violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución política y control total de los sistemas judiciales de sus respectivos países. En ese sentido, el riesgo de que los tratados sean utilizados para criminalizar la disidencia o perseguir opositores no es menor.

La alianza entre Ortega y Putin se ha profundizado especialmente en la última década. Nicaragua es uno de los pocos países del mundo que ha reconocido la anexión rusa de territorios ucranianos y ha respaldado a regiones separatistas de Georgia. Además, el régimen sandinista mantiene una cooperación militar y de inteligencia con Moscú, además de un discurso alineado con la narrativa geopolítica rusa.