Nicaragua, con redes criminales y un Estado cómplice según Índice Global de Crimen Organizado 2025

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 denuncia que el país se ha convertido en un corredor estratégico para el crimen transnacional, mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo falla en combatirlo, sino que lo facilita, actuando como un actor central dentro del ecosistema criminal.

El informe advierte que Nicaragua es simultáneamente país de origen, tránsito y destino de trata de personas y tráfico de migrantes. Uno de los hallazgos más inquietantes es el incremento acelerado de desapariciones de adolescentes mujeres, fenómeno del que el Estado no ofrece estadísticas ni respuestas. Redes de reclutadores operan abiertamente con “ofertas de trabajo”, especialmente en regiones rurales empobrecidas.

El país también se ha convertido en plataforma continental para el traslado de víctimas hacia España, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Según el reporte, oficiales de migración y policías participan mediante sobornos, permitiendo el flujo continuo de migrantes y víctimas de trata. La flexibilidad de visados y el cobro informal de tarifas han convertido este delito en un negocio lucrativo, incluso para autoridades estatales.

La extorsión no está dominada por grandes carteles, pero sigue siendo una amenaza cotidiana. Aunque fue desarticulada la banda “El Invisible”, la actividad permanece dispersa y difícil de controlar.

Tráfico de armas

El país destaca como centro de tráfico de armas, especialmente rifles AR-15 y armamento militar enviado hacia México, Honduras y Costa Rica. El informe señala la participación directa de actores corruptos dentro de la policía y el ejército, responsables del desvío de inventarios oficiales.

Estados Unidos ha impuesto restricciones a la exportación hacia Nicaragua por estos vínculos y por la creciente alianza militar con Rusia.

En paralelo, el contrabando comercial y de productos falsificados —desde medicamentos hasta lácteos y calzado— está en auge. El mercado de cigarrillos ilegales representa hasta 80% del consumo nacional, una cifra sin precedentes en la región.

Territorios indígenas bajo asedio

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 refiere que la tala ilegal y la deforestación alcanzan niveles críticos, sobre todo en territorios indígenas del Caribe. El avance de colonos armados ocurre con tolerancia, y en ocasiones complicidad, de autoridades locales. China figura como principal destino de la madera extraída ilegalmente.

El tráfico de fauna silvestre alimenta mercados en Europa, Estados Unidos y Asia, mientras la minería ilegal ya representa casi un tercio del oro exportado por Nicaragua. Estas operaciones incluyen trabajo infantil y devastación ambiental en áreas protegidas, muchas veces bajo concesiones otorgadas a empresas chinas.

Nicaragua continúa siendo un punto esencial del narcotráfico regional, especialmente de cocaína. Las incautaciones han disminuido, lo que podría indicar menor control estatal o una sofisticación creciente de las redes criminales.

El informe revela que una incautación realizada en Rusia en 2024 fue rastreada hasta Nicaragua, exponiendo conexiones transnacionales y la participación de actores locales en grandes operaciones de tráfico.

El reporte documenta un aumento en hackeos y ciberataques dirigidos a medios independientes, periodistas y opositores, atribuidos a actores progubernamentales. Crecen también las estafas con criptomonedas y fraudes digitales.

Aunque Nicaragua no tiene grandes carteles internos, opera como proveedor de servicios para organizaciones transnacionales del narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de fauna. Bandas locales colaboran con grupos de México, Honduras y Guatemala.

El dato más contundente del informe es que el régimen Ortega–Murillo es actor clave que facilita flujos ilícitos mediante corrupción, protección y la entrega de ciudadanía a criminales extranjeros.

El sistema judicial, totalmente subordinado a la presidencia, utiliza leyes contra el crimen organizado para perseguir opositores, no para desmantelar redes criminales. El sistema penitenciario enfrenta condiciones extremas, mientras grupos paramilitares actúan como brazo represor del gobierno.

El entorno económico está dominado por empresas ligadas a la familia gobernante. Aunque Nicaragua salió de la lista gris del GAFI, el reporte advierte de graves riesgos de lavado de activos y la aplicación selectiva de regulaciones contra adversarios políticos.

No existen refugios ni apoyo estatal para víctimas de trata; más de 5,000 ONG han sido canceladas desde 2018; y la prensa independiente opera desde el exilio. El país es clasificado como “espacio cívico cerrado”, donde los ciudadanos carecen de protección y voz.