Ortega y Murillo donan propiedades confiscadas al INSS en Managua y Rivas

El régimen de Nicaragua aprobó dos nuevos acuerdos presidenciales que autorizan la donación de numerosas propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las disposiciones, firmadas por el co-dictador Daniel Ortega y la co-dictatorial Rosario Murillo, fueron emitidas el 28 de noviembre de 2025 y forman parte de una estrategia oficial para ampliar los activos del instituto, en un contexto de opacidad financiera y reiteradas denuncias de debilitamiento del sistema de pensiones.

Se presume que las propiedades transferidas son las confiscadas a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas ya que el régimen las esconde y camufla con un código para tratar de perder el rastro registral. 

El Acuerdo Presidencial 193-2025 autoriza la transferencia de 13 propiedades del Estado, todas ubicadas en el departamento de Managua. Los inmuebles están inscritos bajo diferentes Números Absolutos de Propiedad, y su cesión tiene como finalidad, según el documento, “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”, ampliar la cobertura del INSS y aumentar su capacidad para ejecutar proyectos institucionales.

La Procuradora General de Justicia y el presidente del INSS fueron autorizados para suscribir la Escritura Pública de Donación ante la Notaría del Estado. Además, la Procuraduría tendrá la facultad de incluir las cláusulas que considere necesarias para “salvaguardar los intereses del Estado”. El acuerdo también instruye al presidente del INSS a presentar la donación ante su Consejo Directivo para aprobación formal.

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Un segundo documento, el Acuerdo Presidencial 194-2025, amplía la política de transferencia de bienes a otro departamento del país. En esta ocasión, la Presidencia autoriza la donación de cuatro propiedades estatales ubicadas en Rivas, igualmente a favor del INSS. Los inmuebles se encuentran inscritos en el Registro Público y su finalidad es la misma: fortalecer la cobertura y la capacidad operativa de la institución.

Ambos acuerdos subrayan que sus certificaciones, junto con las tomas de posesión de las autoridades del INSS y la Procuraduría, serán suficientes para acreditar la legalidad de las representaciones. Asimismo, establecen que las donaciones surtirán efecto al momento de su publicación en La Gaceta, el diario oficial del Estado.

Estas nuevas transferencias se producen en un momento en que el INSS continúa bajo fuertes cuestionamientos por su solvencia, transparencia y manejo de inversiones. Críticos de la administración Ortega-Murillo señalan que el instituto ha acumulado propiedades y activos del Estado mientras mantiene en reserva información clave sobre su situación financiera, el destino de las inversiones y el impacto a largo plazo en los asegurados.

El régimen, por su parte, insiste en que la consolidación de bienes permitirá fortalecer la institución y ampliar su capacidad para ejecutar proyectos, aunque no detalla cuáles serán los usos específicos de los inmuebles ni los criterios para su selección. La falta de información pública ha alimentado la incertidumbre sobre el manejo de los recursos estatales y la creciente concentración de propiedades en manos del INSS.