Proponen a la sancionada Rosa Argentina Solís para la CSJ tras renuncia de Armando Juárez

Rosa Argentina Solís Dávila, figura cercana al círculo político de Rosario Murillo, fue propuesta para ocupar el cargo de magistrada en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. La postulación fue enviada a la Asamblea Nacional por el presidente del Parlamento, Gustavo Eduardo Porras Cortés, mediante una comunicación oficial fechada el 27 de noviembre de 2025, en la que solicita someter la candidatura a votación y adjunta el currículum de la aspirante .

Rosa Argentina Solis Davila fue incluida en la Lista Engels por el gobierno de Estados Unidos el pasado 19 de julio de 2023. Esta Lista es por ser Actores Corruptos y Antidemocráticos. La funcionaria que será magistrada para la CSJ, fue señalada de ser parte del aparato de operadores sandinistas responsables de la desnacionalización, destierro y confiscación de más de 300 opositores, entre ellos, 222 ex presos políticos.  

Solís Dávila recibió esta sanción de Estados Unidos por "socavar los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense", según el Departamento de Estado. 

La propuesta de Solís Dávila no ocurre en un contexto aislado. Llega en medio de una ola de movimientos internos en el Poder Judicial, marcada por la salida de magistrados prescindibles dentro de la estructura del régimen. Uno de los casos más recientes es la renuncia de Armando José Juárez López, quien hasta ahora formaba parte de la Corte Suprema de Justicia.

Juárez dice que se va por “jubilación” 

Juárez presentó su carta de renuncia el 26 de noviembre de 2025, dirigida también al presidente de la Asamblea Nacional, en la que asegura que su salida responde a un proceso de jubilación, tras más de una década de servicio dentro del máximo órgano judicial del país. 

“Por este medio me dirijo a usted, con el debido respeto y profundo sentido de responsabilidad, para presentar formalmente mi renuncia al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, función que he tenido el honor de ejercer desde el año 2014”, reza la misiva.

En la misiva, el magistrado afirma que desempeñó sus funciones con apego a la Constitución y las leyes de la República, y agradece la confianza depositada en él durante su gestión .

“He dedicado más de una década de mi vida al servicio de la justicia, contribuyendo con convicción, disciplina y compromiso al fortalecimiento del Órgano Judicial como pilar fundamental del Estado nicaragüense. Durante estos años, he procurado desempeñar mis deberes con estricto apego a la Constitución Política, las leyes de la República y los valores que rigen nuestra función pública, convencido de la responsabilidad histórica que implica impartir justicia con equidad, probidad y vocación de servicio”.

Agrega “La decisión que hoy presento obedece a mi proceso de jubilación, etapa que asumo con serenidad y satisfacción por el deber cumplido, así como con la certeza de haber contribuido, desde mis funciones, al buen funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y al fortalecimiento del ordenamiento jurídico nacional”.

La llegada de Rosa Argentina Solís Dávila es interpretada como una señal clara de ese proceso de control. Su cercanía política con Rosario Murillo refuerza la percepción de que los nuevos nombramientos priorizan la lealtad política por encima de la independencia judicial. De aprobarse su designación, se fortalecería un modelo en el que la Corte Suprema funciona como un brazo operativo del poder Ejecutivo, en lugar de un contrapeso institucional.

Esta semana la Asamblea Nacional eligió y juramentó a cinco nuevos magistrados judiciales señalados de ser verdugos de víctimas de la represión de la dictadura por la fabricación de delitos a opositores, sentencias ilegales y ordenar la desnacionalización de 453 nicaragüenses entre periodistas, opositores, excarcelados políticos y defensores de derechos humanos. 

Los 5 magistrados juramentados son: Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonylin Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino, todos señalados por su cercanía con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su historial de decisiones alineadas con los intereses del Ejecutivo.