Régimen Ortega-Murillo admite que bloquea el regreso de nicaragüenses por razones políticas

Por primera vez, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reconoció públicamente que está negando —y seguirá negando— el ingreso de ciudadanos nicaragüenses por motivos políticos. La ministra del Interior, María Amelia Coronel, confirmó en una entrevista televisiva que la dictadura “se reserva el derecho de admisión” y bloqueará el retorno de quienes, según su criterio, “atenten contra la paz y la seguridad”.

La declaración se dio en el programa oficialista La Notificación, transmitido por TN8, donde Coronel defendió una política que ya ha afectado a decenas de exiliados que intentan volver a su país de origen.

“Vamos contra el crimen organizado, contra el terrorismo y contra cualquier acción de cualquier persona que atente contra nuestra paz y seguridad… será controversial, pero lo estamos haciendo bien”, afirmó.

Admisión pública de veto político

El concepto de “atentar contra la paz” es el mismo eufemismo utilizado desde 2018 para justificar persecución contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos. Aunque Coronel intentó justificar la política bajo el discurso de “seguridad ciudadana”, en la práctica admitió que el régimen está vetando el retorno de sus propios ciudadanos.

“Nicaragua y todos los países somos soberanos… nos reservamos el derecho de admisión”, reiteró.

La ministra agregó que la lista de personas vetables incluye a quienes tengan antecedentes penales y a quienes el régimen vincule con trata de personas, explotación sexual o tráfico de migrantes. “Negamos el ingreso a quienes se dedican a actividades criminales”, señaló.

Más personal en fronteras y mayor control político

En el contexto de la temporada alta de fin de año, Coronel anunció un incremento del 50% en el personal de control migratorio, habilitando más ventanillas en Peñas Blancas (32), Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino (33) y Guasaule (24). El mensaje fue claro: habrá más vigilancia en los puntos de ingreso al país.

Este despliegue ocurre mientras nicaragüenses en el exilio reportan que se les ha impedido regresar sin explicación legal ni resolución administrativa.

Salida de menores y reformas migratorias

La ministra negó que estén restringiendo la salida de menores, asegurando que las medidas responden a “protección infantil”.

“Jamás vamos a limitar la salida de un menor; lo que hacemos es protegerlo”, dijo.

También defendió las reformas migratorias implementadas entre 2020 y 2024, incluyendo incrementos en tasas y nuevas regulaciones enmarcadas en la narrativa de “seguridad soberana”.

Un reconocimiento que confirma denuncias

Lo que durante años fue señalado por organismos de derechos humanos ahora está confirmado: el régimen utiliza el control migratorio como herramienta de castigo político. Bajo la etiqueta de “soberanía”, Nicaragua aplica una política de destierro de facto que permite bloquear el retorno de ciudadanos sin juicio, sin explicación y sin recursos para apelar.