Régimen en Nicaragua dona 45 propiedades al INSS, se presumen son inmuebles confiscados

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió los Acuerdos Presidenciales No. 180-2025, 181-2025, 182-2025, 183-2025 y 184-2025, mediante los cuales autoriza la donación de 45 propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las transferencias abarcan cinco departamentos del país: Managua, Rivas, Nueva Segovia, Chinandega y Masaya. Según los documentos publicados en La Gaceta, Diario Oficial, el propósito es fortalecer la seguridad social y ampliar la cobertura institucional para los trabajadores y sus familias.

El Acuerdo Presidencial No. 180-2025 autoriza la donación de dos propiedades ubicadas en el departamento de Managua. Los bienes están inscritos bajo los Números Absolutos de Propiedad BI-9A81OHF y BI-2KUJDBM7. Ambas están a nombre del Estado de Nicaragua y fueron transferidas al INSS con el argumento de contribuir al fortalecimiento de la seguridad social y la ejecución de proyectos institucionales. Se presume que estas propiedades son parte de las confiscadas a opositores, organismos de derechos humanos, periodistas y otros ciudadanos perseguidos por el régimen.

El Acuerdo Presidencial No. 181-2025 es el más amplio de todos, ya que contempla la transferencia de 40 propiedades situadas en el departamento de Rivas. En la lista se incluyen terrenos identificados con números de registro que van desde BI-2L168BTM hasta BI-2L2BZTLW, todos pertenecientes al Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias de Rivas. La Presidencia señala que el objetivo es aumentar la cobertura de la seguridad social y reforzar la capacidad del INSS para ejecutar programas y proyectos dirigidos a los trabajadores nicaragüenses.

En el Acuerdo Presidencial No. 182-2025, el Gobierno autoriza la donación de una propiedad en el departamento de Nueva Segovia, identificada con el Número Absoluto de Propiedad BI-PUBHDJVZ. El documento establece que la transferencia se efectúa con el mismo fin de ampliar la cobertura y fortalecer las estrategias de seguridad social.

Por su parte, el Acuerdo Presidencial No. 183-2025 dispone la donación de una propiedad estatal ubicada en el departamento de Chinandega, registrada con el NAP BI-9AJ2UAC. Esta propiedad también pasa al patrimonio del INSS bajo la justificación de contribuir a los programas de desarrollo institucional.

Finalmente, el Acuerdo Presidencial No. 184-2025 autoriza la transferencia de una propiedad situada en el departamento de Masaya, con el NAP BI-2KSWA3AE. Al igual que los demás acuerdos, el documento otorga a la Procuraduría General de Justicia la facultad de firmar la escritura pública junto al presidente del INSS y de incluir las cláusulas necesarias para salvaguardar los intereses del Estado.

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En total, los cinco acuerdos presidenciales suman la transferencia de 45 propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social: dos en Managua, cuarenta en Rivas, una en Nueva Segovia, una en Chinandega y una en Masaya. Estas operaciones forman parte de una política oficial que, según la Presidencia, busca “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses” mediante la entrega de bienes del Estado para uso institucional del INSS.

Aunque el régimen justifica las donaciones como una estrategia para ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la seguridad social, los documentos no especifican el valor económico de las propiedades ni los proyectos concretos que se ejecutarán en ellas. 

Los acuerdos también autorizan al presidente del INSS a presentar ante el Consejo Directivo la aceptación formal de cada donación y facultan a la Procuradora General de Justicia para ejecutar los actos jurídicos, administrativos y notariales necesarios para formalizar las transferencias.

Con estas disposiciones, el régimen de Ortega y Murillo consolida la entrega de 45 inmuebles estatales al INSS en 2025, bajo el argumento de reforzar el sistema de seguridad social nacional. Sin embargo, estas propiedades que traspasan al INSS, son confiscadas a opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios que han sido víctimas del despojo ilegal de sus bienes por parte del régimen Ortega Murillo.