Organismos piden demandar a Nicaragua ante la justicia internacional por violación de DDHH

Al menos 21 organismos humanitarios instaron a los países miembros de la ONU a demandar al Estado de Nicaragua ante la justicia internacional por violaciones a los derechos humanos, como la tortura y la apatridia, consideradas como crímenes de lesa humanidad.

En una declaración, el Colectivo 46/2 —integrado por al menos 21 organismos humanitarios nicaragüenses y regionales— pidió a los Estados miembros de las Naciones Unidas respaldar la petición del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, «para exigir responsabilidades al Estado de Nicaragua por las graves violaciones de los derechos humanos».

Esos organismos, entre ellos Raza e Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), instaron a los países a explorar todas las vías disponibles de justicia internacional bajo el argumento de que «la impunidad no puede ser la respuesta ante el patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua».

El pasado jueves, los expertos de la ONU pidieron a la comunidad internacional que exija responsabilidades al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, al presentar por primera vez sus conclusiones ante la Asamblea General.

Las últimas conclusiones de ese Grupo, basadas en más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos, revelan una política deliberada del Estado de Nicaragua para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

Los expertos han documentado violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018 de manera generalizada y sistemática, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.

Según ese Grupo, el Gobierno de Ortega y Murillo también ha ampliado su represión más allá de sus fronteras contra personas opositoras reales o percibidas en el exterior, con medidas como la privación de su nacionalidad, su identidad jurídica, sus bienes y sus medios de vida.

Los expertos también recordaron que el 19 de junio pasado fue asesinado en Costa Rica el mayor retirado Roberto Samcam, un fuerte crítico del Gobierno, y que ese fue, al menos, el cuarto ataque contra un nicaragüense exiliado en ese país.

Además, señalaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, así como del Consejo de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para evadir el escrutinio y consolidar la impunidad.

Por tanto, ese Grupo instó a los Estados miembros a adoptar medidas decisivas, entre ellas fortalecer los mecanismos de protección y asilo para las personas nicaragüenses en el exilio y promover la rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.