GHREN exige a régimen de Nicaragua se responsabilice por los crímenes de lesa humanidad

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sus conclusiones sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El presidente del Grupo, Jan-Michael Simon, pidió a la comunidad internacional exigir responsabilidades al régimen nicaragüense por los crímenes internacionales documentados desde 2018.

Simon destacó que la inclusión de Nicaragua en el programa de la Tercera Comisión de la Asamblea General “no tiene precedentes” y refleja “la creciente preocupación de la comunidad internacional ante una de las situaciones más alarmantes de derechos humanos en América Latina y el Caribe”.

Según explicó, las autoridades nicaragüenses se negaron a reconocer o cooperar con el Grupo, impidiendo su acceso al país y sin responder a múltiples comunicaciones oficiales. “Un día antes de la presentación de nuestro informe más reciente, Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos y decidió interrumpir su cooperación con el examen periódico universal”, recordó.

El Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del GHREN hasta 2027 y lo trasladó al tema cuatro de su programa relativo a las situaciones que requieren especial atención, con una votación de 29 países a favor y cuatro en contra.

Documentación de crímenes y fases de represión

El presidente del GHREN detalló que desde 2022 el mecanismo ha publicado tres informes y ocho documentos complementarios, basados en más de 1,900 entrevistas y 9,300 documentos recopilados. “Hemos documentado patrones de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas cometidas desde abril de 2018 contra opositores reales o percibidos, así como contra sus familiares dentro y fuera del país”, indicó.

El informe concluye que algunas de esas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, deportación y persecución.

Simon señaló que el GHREN publicó una lista de 54 personas responsables de violaciones graves, así como diez diagramas funcionales que muestran las conexiones entre entidades estatales y no estatales implicadas en la represión.

El experto explicó que la represión en Nicaragua ha atravesado cuatro fases interconectadas desde 2018. La primera, entre 2018 y 2020, se caracterizó por la represión violenta y desproporcionada de protestas legítimas. Hubo centenares de ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, y lesiones graves. Una ley de amnistía posterior garantizó impunidad a los responsables.

La segunda fase, en 2021, estuvo marcada por una represión selectiva dirigida a eliminar cualquier obstáculo a la reelección de Ortega, mediante arrestos arbitrarios, juicios injustos y la cancelación de partidos políticos y medios de comunicación independientes.

La tercera fase, en 2022, representó la erradicación de la oposición política organizada y el cierre de miles de organizaciones civiles. La cuarta, iniciada en 2023 y vigente hasta hoy, consolidó la concentración total del poder en la presidencia.

“Cientos de víctimas fueron despojadas de su nacionalidad, bienes y pensiones. La represión traspasó fronteras, alcanzando a nicaragüenses en el exilio. La erosión total del Estado de derecho culminó en 2025 con una amplia reforma constitucional que formalizó la disolución de facto de la separación de poderes”, declaró Simon.

El presidente del GHREN afirmó que “los copresidentes Ortega y Murillo han fusionado el Estado y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en una máquina unificada de represión”.

Según el informe, al menos 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad desde febrero de 2023, lo que constituye una violación directa a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

Respuesta del régimen de Nicaragua

La delegación de Nicaragua rechazó enérgicamente el informe, calificándolo de “instrumento político”. En su intervención, denunció que “la Asamblea General no debe ser utilizada con fines de instrumentalización política ni para promover informes que distorsionan su propósito original”.

El representante nicaragüense acusó al GHREN de ser “un grupo impuesto por países occidentales con agendas desestabilizadoras” y afirmó que el documento “carece de legitimidad, valor jurídico, ético y político”.

Nicaragua argumentó que los informes se basan en “fuentes sesgadas y manipuladas por individuos y organizaciones financiadas por potencias extranjeras” con el objetivo de “justificar sanciones y agresiones políticas”.

“La verdadera violación a los derechos humanos son las medidas coercitivas unilaterales y bloqueos criminales contra nuestro pueblo, que constituyen auténticos crímenes de lesa humanidad”, declaró la delegación.

El discurso oficial defendió los “avances del modelo social nicaragüense”, mencionando programas de educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana, y aseguró que los derechos humanos “se viven y se conquistan cada día”.

“Nicaragua jamás aceptará injerencias ni chantajes disfrazados de preocupaciones por los derechos humanos. Rechazamos las resoluciones carentes de legitimidad y reafirmamos nuestro derecho soberano a la autodeterminación”, concluyó la representación del régimen.

Posturas de los países ante la Asamblea

El debate en la Tercera Comisión mostró una marcada división entre los países que respaldaron el informe del GHREN y aquellos que defendieron al régimen Ortega-Murillo o llamaron a evitar la “politización” de los derechos humanos.

Costa Rica respaldó el informe y subrayó la situación de “intimidación y miedo” que viven los nicaragüenses, especialmente defensores de derechos humanos y periodistas. 

“Preocupan las restricciones arbitrarias al derecho a la nacionalidad y la libre circulación. Se niega el reingreso a ciudadanos y se producen expulsiones sin recursos legales”, señaló su delegación. También recordó el asesinato del opositor Roberto Samcam en Costa Rica como ejemplo de represión transnacional.

Brasil expresó “profunda preocupación por el deterioro del Estado de derecho” y las “restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales”. El país sudamericano instó a Nicaragua a cooperar con los mecanismos de la ONU y respetar las normas internacionales, además de fortalecer políticas contra el feminicidio y la violencia de género.

Canadá celebró el informe y denunció la persecución a disidentes y la revocación arbitraria de la ciudadanía. Su representante pidió liberar a todos los presos políticos y cuestionó al GHREN sobre “qué avenidas pueden explorarse para garantizar la rendición de cuentas internacional”.

México sostuvo una posición diplomática pero favorable y de respaldo al trabajo del Grupo de Expertos. “Estamos convencidos de que la cooperación y el escrutinio internacional no debilitan la soberanía, la refuerzan”, declaró su delegación, invitando a Nicaragua a “permitir el acceso sin restricciones a los mecanismos de derechos humanos”.

Uruguay reiteró su apoyo al GHREN y manifestó preocupación por “la privación arbitraria de nacionalidad, la denegación de documentos oficiales y la revocación de títulos profesionales”. El país instó al diálogo nacional “con todos los actores políticos y sociales”.

La Unión Europea respaldó firmemente el informe y denunció la “represión sistemática” en Nicaragua. Expresó preocupación por las reformas constitucionales que concentran el poder en la presidencia, la falta de pluralismo político y el deterioro de las garantías ciudadanas. La UE preguntó al GHREN cómo contrarrestar la “represión transnacional” ejercida contra nicaragüenses en el exilio.

En contraste, China, Irán, Venezuela, Cuba, Belarus, Corea del Norte, Argelia, Pakistán y Eritrea se alinearon con el régimen Ortega-Murillo, rechazando la legitimidad del grupo y calificando el informe de “parcial e injerencista”.

China afirmó que los organismos de la ONU “deben respetar los principios de objetividad e imparcialidad” y no utilizar “información falsa para disciplinar a países en desarrollo”. A su juicio, las medidas impuestas por algunos países “afectan el desarrollo económico y dañan los derechos del pueblo nicaragüense”.

Irán subrayó que “cualquier mandato sobre países específicos sin consentimiento es ilegítimo” y defendió los “pasos positivos” del gobierno nicaragüense.

Venezuela calificó el GHREN como un “mecanismo inquisidor” y denunció “dobles raseros” en la ONU. Su delegación afirmó que el grupo “pretende justificar su existencia con informes sesgados” y expresó “solidaridad inquebrantable con Nicaragua”.

Cuba sostuvo que el debate “no tiene nada que ver con la realidad nacional” y que el informe es “el resultado de una resolución injerencista y parcializada”. Reiteró su “apoyo firme” al gobierno nicaragüense y exigió “el cese de las medidas coercitivas unilaterales”.

Réplica del presidente del GHREN ante las delegaciones

Tras escuchar las intervenciones, Jan-Michael Simon respondió a las delegaciones que cuestionaron la legitimidad del mandato del Grupo.

Recordó que su creación fue aprobada por mayoría significativa en el Consejo de Derechos Humanos.

“El voto fue de 29 a favor y cuatro en contra. Decir que esto carece de legitimidad o que tiene sesgo político resulta difícil de entender”.

Simon desmintió que el GHREN recomiende sanciones unilaterales. “Jamás hemos sugerido medidas coercitivas unilaterales ni nos consta que esas medidas hayan tenido impacto directo en la población nicaragüense. Las sanciones que se han impuesto son selectivas, contra individuos identificados como violadores de derechos humanos”, aclaró.

El presidente del GHREN afirmó que el mandato del Grupo es investigar violaciones de derechos humanos, y que también podría examinar violaciones de derechos económicos y sociales si existen evidencias. Sin embargo, subrayó que el gobierno nicaragüense “se retiró del examen periódico universal, el foro apropiado para evaluar esas materias”.

Pidió a Managua “reconsiderar su posición y retomar el diálogo con los órganos competentes”.

Simon también respondió a los cuestionamientos sobre la falta de acceso al país. “Hemos solicitado reiteradamente autorización formal para ingresar, sin recibir respuesta. Invitamos nuevamente al Gobierno a permitir el acceso para verificar directamente la situación”, dijo.

En relación con la represión transnacional, explicó que el GHREN ha documentado el uso indebido de mecanismos internacionales por parte del régimen, como las alertas rojas de Interpol y los reportes financieros de cooperación antilavado, para perseguir a opositores en el extranjero.

“Se ha utilizado indebidamente la cooperación internacional para privar a personas en el exilio de sus pasaportes o acceso bancario. Esto socava la confianza en los sistemas multilaterales”, advirtió.

Sobre los mecanismos de rendición de cuentas, Simon mencionó tres vías principales: “Primero, fortalecer las sanciones selectivas contra personas responsables, armonizándolas entre países. Segundo, aplicar la jurisdicción universal de terceros estados, tanto penal como civil. Y tercero, promover procesos judiciales internacionales por violaciones manifiestas de convenciones, como la de 1961 sobre reducción de la apatridia”.

El experto concluyó su intervención agradeciendo el respaldo de los países que han acompañado el mandato y reiteró el compromiso del Grupo de continuar documentando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua “hasta que las víctimas obtengan justicia y reparación”.