CIDH otorga medidas cautelares a exfuncionario de Ortega Álvaro Baltodano y su hijo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a diez personas reconocidas o percibidas como presos políticos en Nicaragua, tras determinar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia ante la posibilidad de sufrir daños irreparables.

Entre los beneficiarios se encuentran Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, ex asesor presidencial para las inversiones y hombre de confianza de Daniel Ortega, y su hijo Álvaro Baltodano Monroy, detenidos entre mayo y agosto de 2025, sin que hasta ahora se conozca su paradero, condiciones de detención o estado de salud.
El régimen primero acusó a Baltodano Cantarero de traición a la patria y posteriormente de supuesto lavado de dinero junto a su hijo.

Según la resolución, las familias y representantes de los detenidos no han logrado establecer comunicación con ellos, lo que agrava su situación de riesgo y vulnerabilidad.
El Estado de Nicaragua no proporcionó información a la Comisión sobre las circunstancias de las detenciones ni sobre las condiciones en que se encuentran los beneficiarios, indica el documento.

Además de Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y su hijo Álvaro Baltodano Monroy, la resolución incluye como beneficiarios de medidas cautelares a Octavio Enrique Caldera, Marvin Antonio Campos Chavarría, Chester Jeramil Cortez Narváez, Yerri Gustavo Estrada Ruiz, Larry Javier Martínez Romero, Antonio Mercado López, Luis Francisco Ortiz Calero y María José Rojas Arburola, todos detenidos entre mayo y agosto de 2025 y reconocidos o percibidos como opositores políticos al régimen de Daniel Ortega.
La CIDH señaló que sobre ninguno de ellos se tiene información oficial sobre su paradero, estado de salud o situación jurídica, lo que agrava el riesgo de daño irreparable a sus derechos fundamentales.

Ante este panorama, la Comisión solicitó al Estado nicaragüense adoptar medidas inmediatas para determinar la situación y paradero de las diez personas, garantizar su integridad física y atención médica adecuada, y facilitar el contacto con sus familiares y abogados.
También instó a aclarar si los detenidos han sido acusados formalmente de algún delito o permanecen privados de libertad sin cargos ni supervisión judicial.

Asimismo, la CIDH pidió al régimen nicaragüense investigar los hechos que motivaron la adopción de estas medidas cautelares, a fin de evitar su repetición.

La Comisión enfatizó que el otorgamiento de las medidas no implica un prejuzgamiento sobre una eventual violación de derechos humanos, pero responde a una preocupación urgente ante la falta de información y el contexto de represión y detenciones arbitrarias en Nicaragua.