Ortega transfiere nuevas propiedades al INSS pese a denuncias por confiscaciones

Los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de dos Acuerdos Presidenciales emitió dos acuerdos presidenciales mediante los cuales autoriza la donación de varias propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las escrituras serán firmadas ante la Notaría del Estado por la Procuradora General de Justicia y el presidente del INSS, según lo dispuesto en los Acuerdos Presidenciales 160-2025 y 161-2025, publicados este 7 de octubre en La Gaceta, Diario Oficial.

El primero de los acuerdos autoriza la transferencia de un bien inmueble ubicado en Managua, identificado con el Número Absoluto de Propiedad NAP BI-2L261088. Según el texto oficial, la donación tiene como objetivo “fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses” y mejorar la capacidad institucional del INSS para ejecutar proyectos relacionados con la ampliación de la cobertura a trabajadores y sus familias.

El segundo acuerdo amplía estas medidas al departamento de Matagalpa, donde el régimen dona al INSS cuatro propiedades inscritas bajo los números absolutos BI-2L261CD1, BI-2L261CCS, BI-2L261CCF y BI-2L261CCM. 

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En ambos casos, se instruye a la Procuradora General para incluir en los contratos todas las cláusulas necesarias para proteger los intereses del Estado y garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales.

Estos acuerdos presidenciales facultan también al presidente del INSS para someter la aceptación de las donaciones al Consejo Directivo de la institución, órgano encargado de aprobar la recepción de los bienes. El texto indica que las certificaciones oficiales de la toma de posesión de los funcionarios serán suficientes para acreditar su representación legal en los actos notariales y registrales.

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Las decisiones fueron firmadas en Casa de Gobierno el 6 de octubre de 2025. No obstante, esta operación se da en un contexto de denuncias constantes: el régimen liderado por Ortega y Murillo ha venido “donando” decenas de propiedades al INSS que, según críticos y medios independientes, provienen en realidad de confiscaciones arbitrarias. 

En los recientes años, se ha documentado que muchos de esos bienes fueron expropiados sin debido proceso a opositores políticos, periodistas, integrantes de la Iglesia católica y organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos, incluso los detalles registrales —como extensión, ubicación exacta o número catastral— han sido omitidos, aparentando un diseño deliberado para inhibir posibles reclamos legales.