Organizaciones en Costa Rica piden a jueza frenar extradición del opositor Pedro Javier Fernández

Organizaciones de nicaragüenses exiliados, ex presos políticos y colectivos sociales ilegalizados en Nicaragua entregaron este martes una petición formal a la jueza Maribel Bustillo Piedra, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, para que se frene la extradición del campesino opositor Pedro Javier Fernández Sandoval, residente en Costa Rica y señalado por el régimen Ortega-Murillo.

En la misiva, los firmantes aseguran que Fernández Sandoval, portador de DIMEX costarricense y trabajador de jardinería en una institución estatal, es un perseguido político y no un criminal, como alega el gobierno de Nicaragua. “Las imputaciones en su contra forman parte de un patrón de represión y criminalización de la disidencia”, señala el documento.

Los denunciantes recordaron que casos previos, como la extradición en febrero de 2024 de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, resultaron en desaparición forzada y aislamiento en cárceles de máxima seguridad de Nicaragua, lo que evidencia el riesgo real de tortura y tratos inhumanos en caso de que Fernández sea entregado.

Asimismo, advirtieron sobre el uso indebido de Interpol por parte del Estado nicaragüense para perseguir a opositores más allá de sus fronteras, mediante mecanismos de cooperación policial internacional. “El régimen ha extendido su aparato represivo fuera de sus fronteras, imponiendo miedo y silencio a la diáspora”, apuntan las organizaciones.

El escrito subraya que Costa Rica, como Estado parte de tratados internacionales, está obligada a respetar el principio de no devolución (non-refoulement), reconocido por la Convención contra la Tortura y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben la entrega de personas a países donde corren riesgo de tortura o desaparición forzada.

Las organizaciones concluyen que extraditar a Fernández Sandoval “lo expondría a graves violaciones de derechos humanos”, y piden a la jueza Bustillo Piedra garantizar un examen exhaustivo de las pruebas presentadas por la defensa y aplicar con primacía los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica.