EE.UU mantiene a Nicaragua en Nivel 3 en informe de trata de personas 2025, por no combatirla

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Informe sobre la Trata de Personas 2025, en el que Nicaragua volvió a ser clasificada en Nivel 3, la calificación más grave para un país que no cumple con los estándares mínimos para erradicar este delito y que tampoco realiza esfuerzos significativos para hacerlo.

El documento señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa minimizando la magnitud del problema, obstaculizando la prevención, la persecución de los tratantes y el apoyo a las víctimas.

Entre los retrocesos más graves está la derogación de la coalición interinstitucional contra la trata, la eliminación de un fondo específico para asistencia a las víctimas y la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil en la coordinación de esfuerzos.

Retrocesos legales

En 2024, el régimen reformó la Ley 896 contra la Trata de Personas. Estas enmiendas disolvieron la coalición nacional que coordinaba instituciones estatales y sociedad civil, y eliminaron el fondo presupuestario que destinaba recursos para la atención a las víctimas. Todos los fondos pasaron a manos del tesoro público sin garantías de que se utilicen en programas de protección.

El informe detalla que, durante el período evaluado, el régimen no identificó víctimas de trata, en contraste con las tres registradas en 2023. Tampoco ofreció albergues ni asistencia médica o psicológica, dejando a las víctimas en situación de abandono. La eliminación de la cooperación con las ONG, en un contexto en que más de 5,700 organizaciones han sido ilegalizadas desde 2018, agudizó la falta de servicios especializados.

Las recomendaciones del Departamento de Estado apuntan a restablecer la participación de la sociedad civil, asignar recursos a programas de protección, crear refugios, capacitar a funcionarios para identificar víctimas y garantizar que estas no sean penalizadas por delitos cometidos como consecuencia directa de su explotación.

Falta de persecución judicial y complicidad oficial

El informe subraya que las iniciativas de aplicación de la ley fueron “insignificantes”. Aunque la Ley 896 contempla penas de hasta 20 años de prisión para casos agravados de trata, el gobierno no reportó investigaciones, procesamientos ni condenas en 2024. En contraste, en 2023 se habían registrado al menos dos procesos judiciales y tres condenas.

La corrupción y la complicidad oficial siguen siendo un obstáculo crítico. El régimen no procesó a funcionarios implicados en delitos de trata, ni implementó medidas para prevenir su participación. Este ambiente de impunidad, señala el informe, desalienta a las víctimas a denunciar.

A pesar de que cada departamento cuenta con un fiscal designado para delitos de trata, no se reportó ninguna investigación activa. Además, no se informó de cooperación internacional en la persecución de redes transnacionales.

Prevención insuficiente

El Plan de Acción Nacional 2023-2027 sigue en vigor, pero el informe indica que su implementación es mínima. El único esfuerzo reportado fue una campaña de concientización en el departamento de Rivas y algunas iniciativas de educación pública sobre delitos generales. No se reportaron inspecciones en bares, clubes nocturnos ni agencias de empleo, espacios donde suelen operar tratantes.

La falta de acceso a la cédula de identidad incrementa la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. La carencia de documentos impide acceder a servicios públicos y aumenta la exposición al engaño en ofertas laborales.

El informe también advierte que las regiones autónomas del Caribe son particularmente vulnerables. La pobreza extrema, la limitada presencia institucional y los desastres naturales han dejado a comunidades indígenas y afrodescendientes en condiciones propicias para ser explotadas. Sin embargo, no hubo reportes de esfuerzos específicos del gobierno en estas zonas.

Perfil de la trata en Nicaragua

La trata de personas afecta de manera transversal a la sociedad nicaragüense. El informe describe que mujeres, niñas, niños y migrantes son las principales víctimas de trata sexual y laboral, dentro y fuera del país.

Las víctimas nicaragüenses son explotadas en Costa Rica, Panamá, México, España y Estados Unidos. Muchas son engañadas con ofertas laborales en restaurantes, hoteles, construcción y servicio doméstico, pero terminan sometidas a explotación sexual o trabajos forzados.

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El documento advierte que los tratantes se aprovechan de los migrantes que trabajan sin documentos en el extranjero, amenazándolos con deportación. También señala un incremento en el uso de redes sociales para captar víctimas, especialmente en zonas rurales.

Los niños enfrentan riesgos graves: son obligados a trabajar en minas artesanales, canteras y producción de drogas ilegales. También hay casos de mendicidad forzada en Managua y en zonas turísticas, y explotación laboral en la agricultura y la construcción.

Otro aspecto alarmante es la participación de familiares y conocidos en el reclutamiento, lo que refuerza la impunidad. El informe también resalta que personas LGBTIQ+ sufren discriminación por parte de las fuerzas del orden, lo que limita su acceso a justicia y aumenta su exposición a la trata.

El Departamento de Estado instó al régimen nicaragüense a: Autorizar a la sociedad civil a operar sin represalias y colaborar en la atención a las víctimas; Identificar activamente a las víctimas, incluidas aquellas explotadas en el extranjero. Garantizar que las víctimas no sean penalizadas por delitos derivados de su explotación.

También pidió investigar, procesar y condenar a tratantes, incluidos funcionarios cómplices; Implementar el Plan de Acción Nacional con recursos y seguimiento real; Fortalecer la protección en las regiones del Caribe, con mayor personal y financiamiento, así como reformar la Ley 896 para alinearla con la definición internacional de trata de personas.

Vulneración sistemática de derechos

La permanencia de Nicaragua en el Nivel 3 no solo refleja el deterioro de las instituciones, sino también una vulneración sistemática de los derechos humanos. El informe resalta que la trata de personas en el país no es un problema aislado, sino estructural, que se conecta con la migración forzada, la explotación laboral y la corrupción.

El señalamiento internacional coloca a Nicaragua en el mismo nivel que países como Corea del Norte o Afganistán, donde la trata de personas no solo es ignorada, sino muchas veces facilitada por el propio Estado. Para los analistas, esta clasificación implica un golpe a la imagen internacional del régimen y refuerza su aislamiento diplomático.

Mientras tanto, las víctimas siguen invisibles. Sin políticas de protección ni cooperación con la sociedad civil, la atención recae en organizaciones en el exilio y en redes comunitarias que operan de forma clandestina. El desafío, subraya el informe, será mayúsculo incluso en un escenario de transición democrática, ya que se deberá reconstruir un sistema de prevención, persecución y protección desde cero.