Régimen en Nicaragua busca silenciar voces con asesinatos y apatridia política

Tras la publicación del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que revela una estrategia sistemática de represión transnacional ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra exiliados, defensores de derechos humanos y opositores nicaragüenses afirman que este documento confirma lo que la sociedad civil ha denunciado durante años: la existencia de un patrón organizado y persistente de represión más allá de las fronteras de Nicaragua.

Este documento del GHREN detalla cómo el Estado nicaragüense no solo persigue a opositores dentro del país, sino que extiende su brazo represivo más allá de sus fronteras, utilizando mecanismos que incluyen desnacionalizaciones, confiscaciones, espionaje digital, campañas de odio y, en casos extremos, asesinatos.

Uno de los casos más impactantes abordados en el informe es el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Costa Rica. Según el GHREN, este crimen marca un punto de inflexión en la estrategia represiva, pues evidencia la capacidad del régimen para eliminar físicamente a sus críticos incluso en territorio extranjero.

El documento también menciona atentados, vigilancia sistemática y hostigamiento contra exiliados, especialmente en Costa Rica, Estados Unidos y países europeos.

Patrón sistemático que trasciende fronteras

Salvador Marenco, defensor de derechos humanos del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, destacó que el informe confirma lo que las organizaciones de la sociedad civil han venido denunciando durante años: la existencia de un patrón sistemático de represión transnacional.

Marenco explicó que la represión no solo afecta a Costa Rica, sino que se extiende a países como Honduras, Bélgica, Estados Unidos y Argentina. Esta estrategia incluye amenazas, hostigamiento y persecución directa contra exiliados y sus familias.

“El régimen ha despojado de la nacionalidad a 452 personas entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Esto es una forma de apatridia explícita que deja a las víctimas sin derechos ni obligaciones dentro de su país. Pero también existe la apatridia de facto, cuando se impide a los opositores obtener documentos, se les destierra o se les impide regresar a Nicaragua”, explicó Marenco.

El defensor señaló que estas acciones vienen acompañadas de confiscaciones, dejando a los afectados en extrema vulnerabilidad económica y emocional. Sin embargo, lo más grave son los atentados y asesinatos que, según el informe, han sido perpetrados por estructuras de inteligencia del régimen.

Marenco subrayó que la Dirección de Inteligencia del Ejército y la Policía Nacional son identificadas como principales ejecutores de estas operaciones. Recordó que en zonas fronterizas como Los Trojes, entre 2019 y 2023, al menos seis refugiados nicaragüenses fueron asesinados, incluyendo a Rodolfo Rojas, casos que permanecen en la impunidad.

“La soberanía de Costa Rica ha sido vulnerada de manera grave. Desde 2019 se han registrado actos de vigilancia, hostigamiento y ejecuciones. El asesinato de Samcam es solo la punta del iceberg de una red que opera con total impunidad”, denunció Marenco.

Hizo un llamado a la comunidad internacional para que no solo acoja a los exiliados, sino que investigue y sancione a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Chamorro: "El asesinato de Samcam, un punto de inflexión"

El excarcelado político Juan Sebastián Chamorro enfatizó que el informe del GHREN coloca el caso de Roberto Samcam como evidencia clave de una nueva modalidad represiva del régimen Ortega-Murillo.

Chamorro detalló que, según la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, el principal sospechoso de planificar el asesinato es Pablo Antonio Robles Murillo, un exmilitar con entrenamiento en Cuba y Rusia, vinculado directamente con la cúpula del Ejército de Nicaragua.

“Este informe no solo documenta los hechos, sino que sirve como soporte técnico para procesos judiciales internacionales y solicitudes de asilo. También representa un golpe político para la dictadura, pues confirma ante el mundo el involucramiento del Ejército en crímenes contra opositores”, afirmó Chamorro.

El líder opositor destacó que estos documentos son fundamentales para proteger a los exiliados y facilitar procesos de refugio, además de sentar las bases para futuras causas judiciales ante la Corte Penal Internacional y otras instancias.

Zamora: "El régimen lanza un mensaje de terror"

La activista nicaragüense Alexa Zamora, exiliada en Costa Rica, resaltó la importancia del informe para visibilizar un fenómeno que ha venido creciendo: la expansión de la represión más allá de las fronteras de Nicaragua.

“Este informe confirma que el régimen no sólo reprime dentro del país, sino que ha creado una estructura para acosar, agredir y hasta asesinar opositores en el exilio. El mensaje es claro: nadie está fuera de su alcance”, declaró Zamora.

La activista también advirtió sobre la dimensión digital de la represión, señalando que el espionaje y la vigilancia tecnológica permiten al régimen rastrear a disidentes incluso en terceros países. Según Zamora, esto genera un riesgo no solo para los exiliados, sino también para la seguridad de los Estados que los acogen.

“Los gobiernos que ofrecen refugio tienen la obligación de proteger la seguridad e integridad física de estas personas. Este informe es una herramienta clave para la lucha democrática y para exigir respeto a los derechos humanos y el retorno a la democracia en Nicaragua”, añadió.

Maradiaga: "La represión busca borrar identidades y familias"

El excarcelado y desterrado político Félix Maradiaga describió el informe como “contundente y riguroso”, asegurando que documenta con precisión cómo la dictadura ha exportado su aparato represivo a otros países.

Maradiaga detalló que el GHREN evidencia un patrón sistemático que incluye desnacionalizaciones, impedimentos de entrada a Nicaragua, borrado de registros civiles, negación de pasaportes, confiscaciones, espionaje digital y violencia física. En algunos casos, estas acciones se configuran como crímenes de lesa humanidad por persecución política.

“El informe describe una ‘muerte civil’ y hasta una ‘muerte económica’ para quienes han sido despojados de su identidad y bienes. Muchas personas quedan en apatridia, se fracturan familias y niños pierden su derecho a la educación y la identidad”, afirmó.

El opositor instó a los países de acogida a implementar medidas concretas, entre ellas:
* Agilizar procesos de asilo y naturalización para víctimas de desnacionalización.
* Rechazar extradiciones con motivación política.
* Investigar amenazas y ataques en su territorio.
* Facilitar la reunificación familiar y el acceso a educación y salud.
* Supervisar a empresas tecnológicas para evitar que sus productos sean utilizados para la vigilancia.

Maradiaga subrayó que el informe no solo documenta violaciones, sino que ofrece una hoja de ruta para la protección de la diáspora nicaragüense y para la búsqueda de justicia internacional.

Gutiérrez: "Una amenaza también para otros Estados"

El opositor exiliado Alfredo Gutiérrez coincidió en que el informe confirma las denuncias realizadas por años por la oposición nicaragüense. Sin embargo, hizo énfasis en que la represión transnacional también representa un riesgo para la seguridad de los países donde opera.

“La cantidad de personal de espionaje acreditado en la embajada de Nicaragua en Costa Rica es alarmante. Esto no solo pone en riesgo a los opositores, sino también a la estabilidad de otros Estados”, advirtió.

Gutiérrez pidió al gobierno costarricense adoptar medidas diplomáticas contundentes, como la reducción drástica de personal en la embajada y el consulado de Nicaragua en San José. También instó a llevar el tema ante organismos como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y las Naciones Unidas.

Finalmente, señaló que el informe puede ser utilizado como prueba en procesos judiciales internacionales contra Ortega, Murillo y sus colaboradores.

Llamado de la Plataforma de Unidad por la Democracia

Las organizaciones que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) emitieron un comunicado en el que condenan la expansión de la represión más allá de las fronteras nicaragüenses.

El texto destaca el asesinato de Roberto Samcam como evidencia irrefutable de esta estrategia criminal y detalla que, según documentos filtrados por medios costarricenses, miembros del Ejército de Nicaragua y de la inteligencia cubana habrían planificado el crimen.

“Solicitamos a los gobiernos del mundo que presenten casos ante la Corte Penal Internacional y apliquen sanciones Magnitsky contra los responsables. Es urgente desmantelar las redes criminales que operan desde Nicaragua y sus embajadas”, señala el comunicado.

La PUDE también instó a los países del G7 y sus socios a activar mecanismos internacionales para combatir la represión transnacional, en línea con la Declaración de Kananaskis adoptada en junio de 2025.