Ortega Murillo castigan a familiares de exiliados: detenciones, confiscaciones y niegan pasaportes

El informe “Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras, Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos”, presentado por el Grupo de Expertos de la ONU, revela que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado desde 2021 una política de “castigo por asociación” contra los familiares de opositores reales o percibidos en el exilio.

Según el documento, esta práctica busca “generar un efecto disuasorio generalizado” y se ha traducido en vigilancia policial, hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, confiscación de propiedades y restricciones migratorias. Entre las víctimas se encuentran hijos menores, parejas, exparejas, suegros, adultos mayores e incluso personas que cuidaban las viviendas de disidentes.

“Hay un amigo [en Nicaragua] que recibió un mensaje y me llamó inmediatamente porque se asustó. Él sabe dónde vivo [en el extranjero] y me ha visitado. Dice que recibió un mensaje donde le ofrecieron dinero para que diera la dirección donde vivo”, relató una víctima entrevistada por el Grupo.

Hostigamiento y detenciones arbitrarias

El informe documenta casos en los que familias enteras fueron arrestadas simultáneamente, incluyendo un hombre de 81 años. En uno de estos episodios, la policía detuvo al cónyuge, la hija y el yerno de un opositor, quienes luego fueron condenados por supuestamente “conspirar para socavar la integridad nacional”. Posteriormente, fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad en 2023.

Incluso menores de edad fueron llevados a comisarías para interrogatorios, donde se les preguntaba sobre la ubicación de sus padres en el exilio y si recibían transferencias internacionales. Muchos familiares fueron obligados a informar en tiempo real sus movimientos a través de llamadas, fotografías o geolocalización.

Confiscaciones y pérdida de identidad

El Grupo de Expertos también señala la confiscación de propiedades y bienes sin orden judicial, como ocurrió en marzo de 2023, cuando la Procuraduría tomó posesión de la casa de los hijos de una persona exiliada, impidiendo retirar pertenencias personales. En otro caso, además del apartamento de un disidente, las autoridades confiscaron otros inmuebles del mismo edificio.

Las represalias alcanzaron también las pensiones de familiares, incluso de personas con discapacidad, y los despidos laborales por vínculos de parentesco con opositores.

Otro patrón alarmante es la alteración de registros civiles para borrar los apellidos de progenitores disidentes en partidas de nacimiento. Una víctima narró: “Mi esposa fue al registro civil [para sacar la partida de nacimiento de mi hijo]. Cuando a ella le entregan el acta de nacimiento, no sale mi apellido. Él es mi hijo, pero solo sale el apellido de mi esposa”.

Restricciones migratorias

El informe detalla que la Dirección General de Migración y Extranjería ha obstaculizado la emisión o renovación de pasaportes, incluso de niños menores de 18 años, así como la autorización de viajes. Esto ha impedido la reunificación familiar y afectado gravemente la salud emocional de los menores.

Algunas víctimas fueron sometidas a abusos verbales y detenciones temporales cuando intentaron gestionar documentos de viaje. En casos extremos, un progenitor se vio obligado a solicitar la terminación de los derechos parentales del otro para que su hijo pudiera salir del país.

Daños psicológicos y división familiar

El Grupo de Expertos advierte que estas acciones han forzado a muchos exiliados a autocensurarse, limitar su participación pública o cortar comunicación con sus familias en Nicaragua, generando rupturas emocionales y sentimientos de culpa.

“En mi familia han llegado a dividirnos, inclusive culpándome a mí por los problemas que les pasan a ellos en Nicaragua. [Me dijeron]: ‘Esto es culpa tuya por andar hablando, y por eso nos están persiguiendo’”, relató otra víctima.

El informe concluye que este patrón constituye graves violaciones a los derechos humanos, especialmente al derecho de los niños a preservar su identidad y relaciones familiares, conforme al artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.