ONU revela amplia red para vigilar a exiliados nicaragüenses

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) reveló la existencia de una compleja y amplia red de vigilancia y espionaje transnacional dirigida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta estructura, presentada el 23 de septiembre de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se extiende más allá de las fronteras nicaragüenses y tiene como objetivo silenciar, intimidar y hostigar a opositores, activistas y periodistas que viven en el exilio.

El documento titulado “Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras, Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos” detalla cómo el régimen sandinista utiliza recursos estatales y redes de informantes para vigilar tanto de forma física como digital a miles de ciudadanos que huyeron tras la represión iniciada en 2018. 

La estrategia incluye el espionaje de comunicaciones privadas, campañas de difamación en redes sociales, amenazas directas y, en casos extremos, violencia física, como asesinatos y atentados en Costa Rica y Honduras.

Vigilancia digital y física en múltiples países

El informe describe una arquitectura de inteligencia compuesta por varias capas, con la Dirección de Información para la Defensa —la agencia de inteligencia militar del Ejército nicaragüense— en el centro de las operaciones. Esta entidad trabaja en coordinación con la Policía Nacional, el servicio exterior y grupos armados progubernamentales. Juntos conforman un sistema que identifica y monitorea “amenazas” internas y externas al Gobierno.

El proceso inicia con la identificación de blancos mediante el seguimiento de redes sociales y actividades públicas. Una vez perfilados, los disidentes son vigilados físicamente por agentes encubiertos e informantes, mientras que sus comunicaciones digitales son interceptadas mediante programas espía, hackeos y escuchas telefónicas. Las víctimas entrevistadas por el GHREN reportaron haber sido fotografiadas, seguidas y abordadas por desconocidos en países como Costa Rica, Honduras, España, Bélgica, Guatemala y Estados Unidos.

La vigilancia no se limita a nicaragüenses; también involucra la contratación de personas locales en los países donde residen los exiliados. Este alcance internacional ha creado un clima de miedo e incertidumbre, obligando a muchos a cambiar constantemente de residencia o incluso de país.

Campañas de difamación y control digital

El espionaje digital constituye uno de los pilares más agresivos de esta estrategia. Según el GHREN, unidades especializadas del Ejército y la Policía monitorean redes sociales como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram, utilizando algoritmos y seguimiento de palabras clave para detectar publicaciones críticas del régimen. Los objetivos principales incluyen excombatientes sandinistas, estudiantes, periodistas y líderes políticos en el exilio.

Una vez identificados, los opositores son sometidos a campañas de “doxing”, donde se filtra información privada para exponerlos públicamente. Además, son atacados mediante granjas de troles y redes de bots vinculadas a la Juventud Sandinista 19 de Julio, las llamadas “unidades de victoria” y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Estas campañas buscan desacreditar a los disidentes, acusándolos falsamente de delitos como narcotráfico o terrorismo, afectando incluso sus procesos de asilo y reubicación.

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El GHREN documenta que mensajes privados obtenidos ilegalmente son utilizados para amenazar a las víctimas o destruir su reputación. Este nivel de control digital ha llevado a muchos nicaragüenses a abandonar las redes sociales, depurar sus contenidos y limitar su comunicación con familiares en Nicaragua por miedo a represalias.

Los testimonios incluidos en el informe son alarmantes. Una víctima en España relató “En redes sociales he recibido amenazas, diciéndome que voy a acabar muerto en una cuneta, porque ese es el destino de los traidores”. 

Otro exiliado afirmó haber sido seguido por un exagente de policía que participó en su secuestro en 2020: “Lo he visto varias veces y, cuando me ve, se esconde. Sentía que alguien me observaba hasta que confirmé que era él”. Estas experiencias reflejan la constante sensación de inseguridad que viven los exiliados.

La interceptación de llamadas telefónicas es otra táctica recurrente. Víctimas reportaron interferencias, caídas de llamadas y activación repentina de micrófonos, signos claros de intervención tecnológica. Algunos disidentes recibieron llamadas en las que escuchaban conversaciones privadas repetidas, evidenciando un seguimiento en tiempo real. Ante esta situación, muchos optan por utilizar aplicaciones de mensajería cifrada, teléfonos desechables o incluso desconectarse por completo de la comunicación digital.

Violencia física: de las amenazas a los asesinatos

El GHREN advierte que, además de la vigilancia, existe una creciente preocupación por la violencia física contra exiliados. Costa Rica y Honduras, principales destinos de quienes huyen de Nicaragua, han sido escenario de asesinatos y atentados contra opositores. El caso más emblemático es el del mayor en retiro Roberto Samcam, crítico abierto del régimen y autor del libro “Ortega: El Calvario de Nicaragua”, quien denunció públicamente la represión militar durante las protestas de 2018.

Samcam fue asesinado el 19 de junio de 2025 en su domicilio en San José, Costa Rica, tras recibir ocho disparos. El exmilitar había alertado sobre la presencia de células de espionaje operando desde la embajada nicaragüense en ese país. Su asesinato desató temor entre la comunidad exiliada y provocó que muchos consideraran abandonar Costa Rica por falta de garantías de seguridad.

Otros casos incluyen los atentados contra Joao Maldonado, quien sobrevivió a dos ataques en 2021 y 2024, y el homicidio de Rodolfo Rojas Cordero en Honduras en 2022. Estos hechos muestran un patrón que, según el GHREN, requiere investigaciones exhaustivas e independientes para determinar no solo la autoría material, sino también la responsabilidad de quienes ordenan y planifican estos crímenes.

La ONU advierte que sin cooperación internacional y medidas de protección urgentes, la violencia podría escalar y afectar a más comunidades exiliadas.