ONU: régimen Ortega-Murillo usa leyes contra lavado para cerrar cuentas de exiliados nicaragüenses

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU alertó en su informe “Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras, Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está instrumentalizando las normas internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés) para hostigar y desacreditar a nicaragüenses en el exilio.

De acuerdo con el documento, las autoridades nicaragüenses y personas afines al Gobierno difunden acusaciones falsas en redes sociales, vinculando a opositores con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Estas acciones, señala el informe, generan alertas de cumplimiento en instituciones financieras internacionales, afectando gravemente la estabilidad económica de las víctimas.

“Las personas nicaragüenses en el exilio han enfrentado dificultades —a veces durante años— para abrir o mantener cuentas bancarias en su país de residencia”, advierte el Grupo de Expertos. Entre los casos documentados, algunos migrantes fueron rechazados al intentar abrir cuentas en bancos de Costa Rica y Estados Unidos, mientras otros vieron sus cuentas cerradas o congeladas inmediatamente después de haber sido despojados de su nacionalidad.

En la mayoría de los casos, los bancos no ofrecieron explicaciones claras. Una víctima relató que se le negó abrir una cuenta por ser considerada “persona políticamente expuesta” (PEP). Otro testimonio recogido por la ONU describe cómo una entidad bancaria justificó el cierre de cuentas alegando que obedecía a “órdenes de arriba”.

Además de los bancos, las medidas de hostigamiento financiero se han extendido a casas de cambio internacionales, donde a algunos exiliados se les impuso trámites administrativos excesivos por aparecer como PEP, dificultando incluso el cambio de divisas.

El Grupo de Expertos concluye que la manipulación de estas herramientas internacionales constituye “una forma de represión financiera transnacional”, usada para ampliar la persecución de opositores más allá de las fronteras nicaragüenses.

“Al instrumentalizar herramientas diseñadas para la cooperación internacional legítima con el fin de afectar a críticos y disidentes exiliados, el Estado de Nicaragua ha socavado la integridad de los sistemas globales de aplicación de la ley y de protección”, subraya el informe.

Según los expertos, esta práctica coloca en especial a solicitantes de asilo en riesgo de detención arbitraria y procesos judiciales con motivación política, reforzando la red de represión transnacional denunciada en foros internacionales.