Contraloría emite circular que obliga a funcionarios a entregar datos para auditorías o enfrentar despidos

La Contraloría General de la República (CGR) emitió la Circular Administrativa No. 03-2025 con la cual refuerza el control sobre el uso de los bienes y recursos públicos en Nicaragua. Esta normativa obliga a todas las instituciones estatales y organismos públicos, así como a universidades y centros educativos que reciben fondos del Estado, a proporcionar información y documentación de forma inmediata cuando sea requerida por auditores gubernamentales.

El documento, firmado por los co-presidentes del Consejo Superior de la CGR, Luis Alberto Rodríguez Jiménez y María Eliette Esquivel Tinoco, fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial. La medida se basa en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de la Contraloría, que otorgan a esta entidad la facultad de revisar y evaluar la gestión administrativa y financiera de los entes públicos y privados con participación estatal.

La circular tiene un alcance amplio, cubriendo a todas las entidades del sector público sin excepciones, incluyendo universidades estatales y privadas que administren recursos provenientes del erario. De acuerdo con la normativa, los funcionarios deberán entregar información completa y actualizada sobre registros, archivos y operaciones financieras cuando se les solicite durante el curso de las auditorías.

“La presente Circular Administrativa, es de aplicación obligatoria para todas las entidades y organismos públicos y sus servidores, sin excepción alguna, así como a las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior Estatales y las que no tienen carácter Estatal y que reciben bienes o recursos del Estado”, reza la circular Administrativa No. 03-2025.

Agrega “Que, en el ejercicio de la auditoría gubernamental, todos los servidores públicos, tienen el deber de colaborar con los auditores gubernamentales, así como proporcionarles de forma inmediata y sin excepción la documentación o información cuando fueren requeridos por ellos durante el curso de las auditorías”.

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En caso de negativa o retraso, la CGR podrá recurrir a un requerimiento judicial para obligar a la institución a cumplir con la entrega. Además, la circular establece consecuencias administrativas severas para quienes obstaculicen o retrasen el proceso de fiscalización. 

Las sanciones contemplan multas equivalentes a entre uno y seis meses de salario, o la destitución del cargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 77 y 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría.

“Se previene a todos los servidores públicos de las distintas Entidades y Organismos de la Administración Pública, que ante cualquier impedimento u obstáculo para la realización de la auditoría o atrasos en el suministro de la información, es causal suficiente para establecer la responsabilidad administrativa según lo mandata el artículo 77 de la nominada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, cuya sanción administrativa es multa pecuniaria de 1 hasta 6 meses de salario o la destitución del cargo, conforme las voces del artículo 79 de la misma ley orgánica”, establece el documento.

La medida pretende garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, también implica un mayor nivel de vigilancia sobre universidades y centros educativos.