Asesinato de Samcam confirma que exiliados no están a salvo, advierte la ONU

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU asegura que el asesinato del mayor en retiro y opositor Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica en junio de 2025, subraya una realidad escalofriante: incluso fuera de las fronteras, la oposición nicaragüense al régimen no se siente segura.

Durante una conferencia de prensa, el Grupo de Expertos presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde reveló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ampliado su maquinaria represiva más allá de las fronteras nacionales. Según los especialistas, la dictadura ha diseñado una estrategia de persecución transnacional que incluye el uso indebido de Interpol, la manipulación de sistemas financieros internacionales y la represión directa contra opositores y sus familiares, tanto dentro como fuera del país.

Sobre el asesinato de Samcam, Reed Brody, miembro del grupo de expertos, lo calificó como un hecho de enorme gravedad. Su asesinato subraya una realidad escalofriante: incluso fuera de las fronteras caribeñas, la oposición al régimen no se siente segura, afirmó Brody.

Aunque la investigación sigue en curso, Costa Rica no descarta motivaciones políticas. Este ataque, dijo Brody, es evidencia de una represión transnacional coordinada, en la que el régimen extiende su brazo represivo más allá de Nicaragua.

Este informe confirma lo que miles de exiliados nicaragüenses han denunciado en los últimos años: que nadie está a salvo, incluso en territorio extranjero. La represión no solo se limita a la privación de la nacionalidad y la confiscación de bienes, sino que ahora se extiende a la destrucción de la identidad legal de las víctimas, buscando silenciar cualquier voz crítica y generar un clima de miedo e incertidumbre.

Un clima de miedo global

Jan-Michael Simon, presidente del grupo, destacó durante la conferencia que la estrategia del régimen va más allá de la represión interna. El régimen de Ortega está extendiendo cada vez más sus medidas punitivas —legales, digitales y físicas— para violar sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo el despojo a familiares, señaló Simon.

El experto explicó que la dictadura utiliza marcos legales internacionales, como los sistemas de notificación de Interpol, para emitir alertas injustificadas contra opositores. Esto ha derivado en la cancelación o congelamiento de cuentas bancarias en el extranjero. Además, Ortega y Murillo han difundido información falsa en organismos internacionales, buscando obstaculizar la movilidad y los recursos económicos de los exiliados.

Simon advirtió que, aunque el régimen se ha retirado de varias agencias de la ONU y de mecanismos internacionales de derechos humanos, mantiene una estrategia dual: usar estos mismos mecanismos para atacar a sus opositores mientras evade la supervisión internacional.

Esta perversión estratégica representa un desafío directo al orden jurídico internacional, dijo, subrayando la necesidad de una respuesta firme por parte de la comunidad global.

El informe documenta cómo el régimen sandinista utiliza herramientas como la revocación arbitraria de nacionalidades a opositores y sus familias, la negación o anulación de pasaportes y documentos civiles, la confiscación de bienes, pensiones e ingresos y la persecución directa a familiares que permanecen en Nicaragua, incluyendo detenciones, despidos laborales y amenazas.

Estas acciones tienen un objetivo común: despojar a las víctimas de su identidad legal y su capacidad de ejercer derechos básicos, forzándolos a vivir en un limbo jurídico y social.

Una práctica única en el mundo

Brody subrayó que la privación masiva de nacionalidad como herramienta de represión política es un fenómeno sin precedentes en el mundo contemporáneo. Entre las personas afectadas se encuentran defensores de derechos humanos, sacerdotes, líderes campesinos, periodistas y figuras políticas opositoras.

Esta práctica viola la Convención para la Reducción de la Apatridia de 1961, ratificada por Nicaragua. El grupo de expertos instó a los Estados parte a llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para exigir responsabilidades al régimen Ortega-Murillo.

Paradójicamente, Nicaragua ha tenido una larga historia de participación en la CIJ. Desde 1984, cuando denunció la intervención estadounidense, ha presentado nueve casos ante este tribunal, más que cualquier otro país. Sin embargo, en la actualidad, el régimen ha abandonado la mayoría de organismos internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos, en un intento por evadir el escrutinio.

Desapariciones forzadas en aumento

Ariela Peralta, otra integrante del grupo, abordó la alarmante reaparición de desapariciones forzadas en Nicaragua.
El resurgimiento de estas prácticas es uno de los acontecimientos más graves que hemos documentado, afirmó.

El informe registra 22 casos confirmados de desapariciones forzadas, principalmente de opositores políticos y activistas.

Las autoridades se han negado sistemáticamente a informar sobre el paradero de estas personas, manteniendo a sus familias en la incertidumbre y el dolor.

Peralta también denunció la tortura y los malos tratos durante la detención, que en algunos casos han derivado en la muerte de personas bajo custodia policial. Desde 2008, se han documentado más de 5,000 detenciones arbitrarias, evidenciando una política estatal de represión masiva.

Entre las víctimas más vulnerables se encuentran niños y adolescentes, quienes sufren extorsión, amenazas y violencia en un contexto donde la dictadura busca controlar todos los aspectos de la vida social.

Represión digital y uso indebido de Interpol

Uno de los aspectos más novedosos revelados en el informe es la represión digital. El régimen ha desarrollado capacidades de vigilancia cibernética para monitorear a opositores en el exilio. Utiliza estas herramientas junto con solicitudes fraudulentas a Interpol, creando alertas internacionales que obstaculizan la movilidad de activistas y defensores de derechos humanos.

Este patrón ha resultado en el cierre de cuentas bancarias, la imposibilidad de acceder a servicios financieros y el hostigamiento en países donde residen los exiliados. La combinación de represión digital y física constituye un sistema integral de control que trasciende fronteras y limita la capacidad de organización de la diáspora nicaragüense.

El Grupo de Expertos señala que la represión del régimen Ortega-Murillo no es un conjunto de incidentes aislados, sino una política de Estado sistemática y deliberada. Estos actos, advierten, constituyen crímenes de lesa humanidad, ya que buscan erradicar cualquier forma de oposición y garantizar la impunidad por las violaciones cometidas desde 2018.

El grupo instó a los Estados y organismos internacionales a:
1. Presentar denuncias ante la CIJ para frenar la privación arbitraria de la nacionalidad.
2. Fortalecer mecanismos de protección para exiliados, incluyendo asistencia legal y financiera.
3. Investigar y sancionar el uso indebido de sistemas internacionales, como Interpol, por parte del régimen.
4. Mantener la presión diplomática y económica sobre la dictadura Ortega-Murillo.

La comunidad internacional tiene los medios para detener esta cruel práctica, enfatizó Brody, subrayando la urgencia de actuar antes de que la represión se consolide a nivel global.