Tribunal en Costa Rica ordena extradición del campesino nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) se pronunciaron este jueves sobre la orden de extradición contra el campesino nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, de 57 años, residente en Costa Rica desde hace tres décadas.

Las organizaciones advirtieron que la extradición —actualmente en proceso de apelación— representa un riesgo inminente para la vida e integridad de Fernández Sandoval, a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusa por supuestos hechos ocurridos el 1 de octubre de 2022 en Río San Juan, Nicaragua, donde dos personas habrían muerto.

Señalan persecución política y fabricación de pruebas

De acuerdo con UEN y GREX, la acusación contra Fernández es parte del mismo proceso abierto contra Douglas Gamalel Álvarez —extraditado en febrero de 2024 y actualmente desaparecido en prisión— y Reinaldo Picado Miranda, quien fue reconocido como refugiado en Costa Rica tras recibir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las organizaciones sostienen que, al igual que en otros casos, las pruebas presentadas por el régimen responden a una estrategia de criminalización política, mediante expedientes fabricados, uso de testigos falsos y supuestas certificaciones judiciales.

"Los tres mencionados, han sido acusados de participar en hechos que habrían sucedidos el primero de octubre del 2022 en Rio San Juan en Nicaragua, donde afirman que murieron dos personas. Estos hechos imputados, son presentados por los acusadores, con un relato y supuestas pruebas, con apariencia profesional, lujo de detalles, lo que pretende claramente encubrir los objetivos políticos de la acusación, todos sabemos que este régimen es experto en construir expedientes, relatos, causas, fabricación de pruebas (Piezas de convicción, informes de inspección ocular, dictámenes forenses, informes de investigación), uso de testigos falso, certificaciones y de achacar responsabilidades de manera arbitraria y antojadiza", expresa el GREX en su comunicado.

Trayectoria en el exilio

Fernández Sandoval migró a Costa Rica hace 30 años y ha trabajado como jardinero. Según UEN, su “delito” fue organizarse junto a exiliados en plantones, marchas y plataformas cívicas como Resistencia Campesina Azul y Blanco y Juntos por Nicaragua. Nunca solicitó refugio al considerar que su estatus de residente era suficiente, sin imaginar que sería perseguido trasnacionalmente.

Llamado a aplicar el principio de no devolución

Las organizaciones recordaron que el principio de no devolución (non-refoulement) protege a cualquier persona en riesgo de tortura, desaparición o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso si no tiene estatus de refugiado. Subrayaron que extraditar a Fernández equivaldría a ponerlo en manos de un régimen que utiliza la cárcel como instrumento de represión política.

Expresaron que, la Corte Interamericana ha indicado que dicho principio “no es un componente exclusivo de la protección internacional de refugiados”, y “no sólo es fundamental para el derecho de asilo, sino también como garantía de diversos derechos humanos inderogables, ya que justamente es una medida cuyo fin es preservar la vida, la libertad o la integridad de la persona protegida”. 

Movilización y denuncia internacional

UEN y GREX informaron que en los próximos días entregarán una carta al tribunal correspondiente en Costa Rica para respaldar la condición de perseguido político de Fernández. Además, llamaron a la ciudadanía nicaragüense y costarricense a movilizarse y pronunciarse públicamente para impedir la extradición.

"Debemos sensibilizar al sistema judicial costarricense de lo que realmente pasa en Nicaragua, para que no caigan en los planes de instrumentalización y uso de los procesos de extradición del régimen para afinar sus planes de persecución trasnacional del exilio y residentes en Costa Rica", manifestó el GREX en su pronunciamiento.

Finalmente, alertaron que otros dos nicaragüenses enfrentan procesos similares, lo que evidencia —según denunciaron— una estrategia de persecución transnacional del régimen Ortega-Murillo contra exiliados y residentes en Costa Rica.