Régimen Ortega-Murillo detiene a dos deportados de EE. UU. en Jinotega

La denuncia de la detención de dos nicaragüenses recién deportados de Estados Unidos encendió la alarma entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado el uso de desapariciones forzadas y torturas como estrategia de represión.

El periodista y cronista Miguel Mendoza informó que la policía sandinista secuestró a Yader Antonio Blandón Palacios en el barrio Sandino de Jinotega, apenas 20 días después de haber llegado deportado de Estados Unidos. Yader había regresado en el mismo vuelo que Denis Arauz, exconcejal liberal de Pantasma, quien también fue secuestrado el pasado viernes.

Según los reportes, Arauz fue engañado por la policía, que le pidió acudir a una delegación para “arreglar documentos migratorios”. Sin embargo, una vez dentro, quedó retenido sin posibilidad de salir. Ambos son acusados de haber participado en las protestas cívicas de 2018, una práctica recurrente utilizada por el régimen para criminalizar la disidencia.

Salvador Marenco, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, explicó que estas detenciones reflejan un patrón sistemático. 

“Hay una situación generalizada de indefensión absoluta. Las personas son capturadas sin orden judicial, sin garantías legales y bajo violencia policial. En el último año hemos visto la intensificación de la desaparición forzada como patrón fundamental”, denunció Marenco en 100%Noticias.

Marenco alertó que, además de ser detenidas, las víctimas están incomunicadas para que sus familiares no puedan conocer su paradero. En muchos casos, los parientes reciben amenazas si insisten en buscar información. Estas personas privadas de libertad enfrentan condiciones extremas: se les niega atención médica, sufren torturas y, en algunos casos, mueren bajo custodia, como ocurrió con Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas, dos presos políticos que fallecieron en agosto.

El defensor subrayó que estas desapariciones forzadas también permiten al régimen imponer condenas ilegales. “Al estar incomunicadas, las víctimas no tienen acceso a abogados ni a información. En algunos casos son juzgadas por videollamada y luego simplemente se les informa que están condenadas, sin que haya forma de documentar el proceso”, explicó.

Ante esta grave situación, Marenco pidió a la comunidad internacional continuar denunciando estos crímenes ante la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos. 

Además, instó a los estados democráticos a promover acusaciones por crímenes de lesa humanidad contra el régimen Ortega-Murillo, especialmente por el uso sistemático de la tortura y las desapariciones forzadas.