Colectivo denuncia al Ejército de Nicaragua como brazo represor del régimen Ortega-Murillo

El Ejército de Nicaragua llega a su 46 aniversario en medio de fuertes señalamientos por su papel en la represión y persecución política bajo el mando del general Julio César Avilés, sancionado internacionalmente por delitos de lesa humanidad. Lejos de representar una fuerza al servicio de la nación, esta institución ha sido denunciada como uno de los principales brazos represores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Rosario Murillo anunció que este 2 de septiembre se realizará el acto oficial en el que se otorgará el grado de mayor general a Spiro José Bassi Aguilar, Carlos Eduardo Duarte Orozco y Leonel José Gutiérrez López, y el de general de brigada a Lester Joaquín Cuadra López, Néstor Rodolfo Martínez y Freddy Domingo Cerrato González. Sus nombramientos ya fueron oficializados en el Acuerdo Presidencial No. 137-2025, publicado en La Gaceta.

Denuncias del Colectivo Nicaragua Nunca Más

“El Ejército ha sido cómplice confeso y actor directo de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Según el más reciente informe de abril de 2025, del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el Ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones pacíficas que estallaron en abril de 2018, cometiendo ejecuciones extrajudiciales y utilizando tácticas militares diseñadas para matar, no para controlar multitudes”, se lee en el comunicado del Colectivo.

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La organización recordó que el 20 de abril de 2018, apenas dos días después de iniciada la crisis, se celebró una reunión en la que participaron oficiales de distintas direcciones militares. En ese encuentro, el entonces jefe del Estado Mayor, mayor general Bayardo Rodríguez, “leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a ‘neutralizar’ a los implicados en las manifestaciones”.

“Bajo el mando del general Julio César Avilés, sancionado internacionalmente por delitos de lesa humanidad, el Ejército proporcionó armamento a la Policía y a grupos armados progubernamentales, entrenó civiles para reprimir, desplegó francotiradores, y disfrazó a militares como policías y paramilitares para sembrar el terror entre la población”, agregó el Colectivo.

Operaciones conjuntas y jefes implicados

Las denuncias incluyen la participación de comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, cuyos efectivos se infiltraron en las protestas vestidos de policías o de civiles armados.

De acuerdo con el informe, oficiales de alto rango asumieron el control operativo de la represión junto con la Policía:
•    General de Brigada Rigoberto Balladares Sandoval y Coronel Álvaro Peña Núñez, de la Dirección de Información para la Defensa (DID).
•    General de Brigada Leonel Gutiérrez López, de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.
•    General de Brigada Marvin Antonio Paniagua, de Relaciones Públicas e Internacionales.
•    General de Brigada Manuel Salvador Gaitán, de Doctrina y Enseñanza.
•    Coronel Denis Hernández Martínez, Jefe del Quinto Comando Militar Regional.
•    Coronel Vladimir Itlich Martínez, del Segundo Comando Militar Regional.
•    Coronel Álvaro Rivas Castillo, del Destacamento Militar Sur.
•    Coronel José Hilcias Rizo, del Primer Comando Militar Regional.
   
La implicación de estas estructuras, subraya el Colectivo, fue “activa, organizada y letal”, constituyendo crímenes que no deben quedar impunes.

Permanencia en el poder y exigencia de justicia

Recientemente, Avilés asumió un cuarto período consecutivo como jefe del Ejército, acompañado de una cúpula de más de 20 generales que llevan más de una década en sus cargos, replicando el mismo patrón autoritario de Ortega y Murillo.

El Colectivo recordó además a las 355 víctimas mortales de la represión de 2018, así como a los miles de heridos, detenidos y exiliados, quienes siguen clamando por justicia, verdad y reparación.

“El Ejército de Nicaragua, tal como ha operado en los últimos años, no representa la soberanía ni la dignidad nacional. Representa la represión, el abuso, el miedo, la violencia, la muerte y la subordinación a un régimen que tiene las manos llenas de la sangre de nicaragüenses”, enfatizó la organización, que exige el desmantelamiento de las estructuras represivas del Estado y la rendición de cuentas de los responsables.